Vinculan a proceso a exsecretarios de Cabeza de Vaca por contratos opacos

Juzgados de Control con sede en Ciudad Victoria han decretado la vinculación a proceso de tres exfuncionarios de la administración estatal que gobernó entre 2016 y 2022, un paso formal que da continuidad a las investigaciones por presuntas irregularidades en adjudicaciones directas. Las audiencias, celebradas el 20 de octubre, sentaron las bases para que los casos avancen hacia una etapa de investigación complementaria, tras considerar los jueces que existen elementos suficientes para sostener que las contrataciones, que según el Ministerio Público debieron realizarse por licitación pública, pudieron haber contravenido la ley.

 

En el primer expediente, la Jueza de Control Mónica Iliana Pérez Chapa vinculó a proceso a Carlos Alberto “G”, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico. La imputación se centra en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. La acusación ministerial detalla que el exfuncionario solicitó una excepción para contratar servicios jurídicos por un monto de 3 millones 438 mil 240 pesos a favor de un despacho privado.

 

La autoridad judicial consideró que, para una contratación de ese volumen, la normatividad de adquisiciones vigente exigía un procedimiento de licitación pública, no una adjudicación directa. Como medida cautelar, se le fijó una caución económica de 200 mil pesos. De forma paralela, en una audiencia separada, el Juez de Control Santiago Espinoza Camacho decretó la vinculación a proceso de Rómulo “G”, exsecretario de Bienestar Social. Los delitos que se le imputan son uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño indebido de funciones. El núcleo de la acusación gira en torno a la contratación, sin licitación pública, de despensas con una empresa local por un monto global que alcanzó los 250 millones de pesos durante el año 2020.

 

El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con fecha límite el 20 de enero de 2026. Cabe destacar que este exfuncionario ya mantiene otros procesos judiciales abiertos relacionados con el mismo programa social. En un tercer caso, el Juez Juan Antonio Haro Morales vinculó a proceso a Enrique Jorge “N”, quien ocupó el cargo de exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. La imputación es por uso ilícito de atribuciones y facultades.

 

La carpeta de investigación hace referencia a la excepción del concurso de proveedores para la contratación de un seguro de vida para el personal de Salud, vigente de enero a diciembre de 2020, por un valor de 5 millones 867 mil 184 pesos. La empresa beneficiaria fue Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas. En una audiencia previa, a este exfuncionario se le impuso una garantía de 500 mil pesos y la medida cautelar de entrega de su pasaporte. En una intervención pública reciente, el imputado declaró: “No me he escondido; seguiré dando la cara”. Según lo establecido por los jueces, las causas continuarán su curso con una fase de investigación complementaria. Esta etapa puede incluir la realización de actos periciales y la definición de medidas adicionales conforme al código procesal penal aplicable.

 

Durante las audiencias, las defensas de los imputados esgrimieron argumentos basados en las competencias administrativas de sus representados y en las excepciones previstas debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Por su parte, el Ministerio Público presentó documentación de soporte y dictámenes especializados para sustentar la procedencia de los cargos. Estos procesos judiciales se derivan de carpetas de investigación iniciadas por las autoridades estatales a partir del análisis de contratos celebrados durante el año 2020. Es relevante señalar que en audiencias preliminares y a través de recursos legales subsecuentes, se modificaron algunas resoluciones iniciales.

 

Estas revisiones procesales fueron las que permitieron reactivar las imputaciones y allanar el camino hacia la formal vinculación a proceso en los tres casos ahora descritos, consolidando una ruta legal que busca esclarecer el manejo de los recursos públicos en un periodo crítico.

RELACIONADOS

Ultimas Publicadas

Matamoros

¿QUÉ PASO AYER?

ANUNCIATE CON NOSOTROS

Scroll al inicio