Gobierno despliega apoyo millonario para damnificados por lluvias
Tras las intensas precipitaciones que azotaron varias entidades del país, una pregunta crucial emerge: ¿cuál es el plan real detrás de los anuncios oficiales? Nuestra investigación revela los detalles de una estrategia gubernamental que promete destinar 10 mil millones de pesos iniciales para asistir a aproximadamente 100 mil familias perjudicadas, una cifra que, si bien es cuantiosa, plantea interrogantes sobre su distribución y supervisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los recursos están garantizados para la atención de la contingencia, pero, ¿qué sucede después? “Hay recursos para atender la emergencia y después ya viene la etapa de reconstrucción, que llevará un monto adicional”, declaró, dejando entrever que la inversión final podría ser significativamente mayor. ¿Están las arcas públicas preparadas para este desembolso progresivo?
El mecanismo de ayuda, según documentamos a través de entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Bienestar, se activa este miércoles 22 de octubre. La entrega de los primeros 20 mil pesos por vivienda comenzará con un universo de 75 mil hogares ya censados. Sin embargo, la clave reside en el censo total de cada localidad. “En el momento en que la localidad termine su censo completo se prepara para el primer apoyo”, explicó Sheinbaum, un proceso que, según nuestros hallazgos, ya concluyó en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, pero que aún continúa en las complejas regiones serranas de Veracruz e Hidalgo.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, proporcionó a este medio un dato revelador: los servidores de la nación ya operan en 100 municipios y acumulan 70 mil 445 viviendas censadas. Pero, ¿cómo se garantiza que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan? Los beneficiarios deberán presentar el talón o cintillo recibido durante el empadronamiento, junto con una identificación oficial, un sistema diseñado para evitar duplicidades, pero que podría excluir a quienes perdieron sus documentos en el desastre.
La investigación profundiza en los montos posteriores, que dependen de una evaluación de daños que aún está en proceso. Para una pérdida total de la vivienda, el apoyo será de 70 mil pesos, un monto que, según testimonios recabados en terreno, muchos consideran insuficiente para una reconstrucción desde cero. Este pago irá acompañado de un censo de la Sedatu para iniciar un plan de reubicación o reconstrucción, un proceso que, históricamente, ha estado plagado de retrasos burocráticos.
Nuestro reporteo descubrió que la estrategia no se limita a las viviendas. El plan abarca locales comerciales, con 50 mil pesos; el sector agropecuario, con montos entre 50 mil y 100 mil pesos; y un apoyo de 350 pesos para recuperar útiles escolares. Además, a través de programas como La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra, se destinarán 200 mil y 500 mil pesos por plantel y unidad médica, respectivamente, fondos adicionales a los que proporcionará la aseguradora.
Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación es la creación de un programa especial de empleo. Empleo Construyendo el Futuro captará a 50 mil personas que, durante cuatro meses, recibirán un salario de ocho mil 500 pesos mensuales para laborar en la recuperación de caminos. Paralelamente, Jóvenes Construyendo el Futuro registrará en Veracruz a cinco mil muchachos para integrar brigadas de limpieza. Esto no solo mitiga el desempleo temporal, sino que acelera la rehabilitación con mano de obra local.
Finalmente, una revelación que cambia la perspectiva sobre la gestión de futuras contingencias: la presidenta Sheinbaum anunció el desarrollo de un sistema de pronóstico, alerta y riesgo más robusto. Este incluye la actualización de los Atlas de Riesgos y un sistema de alerta digital que, prometen, estará operativo este mismo año en los teléfonos celulares, similar al utilizado para el simulacro de sismo. Un compromiso que, de cumplirse, podría representar un avance histórico en la prevención de desastres en México.
Con 52 mil servidores públicos desplegados en territorio y un plan que abarca desde la asistencia inmediata hasta la reconstrucción a mediano plazo, la verdadera prueba será la ejecución transparente y eficiente de estos recursos, en un esfuerzo que busca no solo reparar los daños, sino reconstruir con mayor resiliencia las comunidades afectadas.
