El colectivo Madres en Resistencia alcanzó este lunes 21 días de plantón y bloqueo carretero frente a la sede de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, sin que se materialicen los avances pactados para agilizar las pesquisas por la desaparición de sus familiares. Su exigencia central es justicia y el fin de la impunidad en los casos de feminicidio.

La barricada, erigida con madera, plásticos, piedras y ramas en un segmento del libramiento sur, permanecerá hasta que sus demandas sean atendidas, afirmaron las integrantes del movimiento de madres buscadoras.

Un altar de denuncia frente a la indiferencia

En vísperas del Día de Muertos, las manifestantes acusaron la ofensa, la falta de respeto y de empatía por parte de la Fiscalía General. En un acto de profundo simbolismo, colocaron un enorme altar con flores de cempasúchil, figuras de catrinas, calaveras y esqueletos cubiertos con plástico en la entrada principal del edificio. En las barandillas de acceso, las Madres en Resistencia fijaron las fichas de búsqueda de las personas desaparecidas y víctimas de feminicidio.

Yareli, una joven que busca a su padre Víctor Chavarría, criticó la paradoja: “La Fiscalía tiene tiempo para decorar su fachada y disponer recursos para adornar un parque con motivos del Día de Muertos, contrata a cientos de personas para que todo esté impecable, pero alega no tener tiempo ni dinero para buscar a nuestros desaparecidos ni para contratar peritos especializados aquí en Chiapas”.

A su reclamo, sumó la denuncia por los intentos de boicot y desalojo por parte de “personas remuneradas y acarreadas” que, bajo una falsa apariencia de apoyo, les ofrecen materiales que no contribuyen a su causa. Afirmó que su resistencia es inquebrantable: “Seguiremos aquí sin importar los grupos que nos enfrenten, porque buscamos a los nuestros. Nuestra petición no es exagerada: pedimos justicia y garantías de no repetición“.

Incumplimiento de acuerdos y burocracia

El 9 de octubre, la Fiscalía General y las Madres en Resistencia firmaron un acuerdo de siete puntos para agilizar las pesquisas de búsqueda de desaparecidos y víctimas de feminicidio. A mediados de mes, como parte de lo pactado, la Fiscalía informó que separaría del cargo a Lisbeth Córdova, subdirectora de la Fiscalía contra Feminicidios, y que iniciaría procedimientos administrativos por faltas graves contra funcionarios del Instituto del Deporte de Chiapas. Adriana Gómez, fundadora de Madres en Resistencia, cuya hija menor Jade Guadalupe fue hallada sin vida dentro de las instalaciones de ese Instituto, sostiene que se trató de un feminicidio encubierto como suicidio.

Por el contrario, Isabel Torres afirmó que no se han visto frutos del convenio suscrito con el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca. “No hemos tenido resultados; esperamos una respuesta. Sabemos que si nos retiramos, esto quedará en un simple trámite archivado, en una firma sobre papel. Por esa razón no nos moveremos hasta ver avances concretos”.

Isabel busca a su hija Cassandra Isabel Arias Torres, quien fue secuestrada por un comando armado el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal. La joven, que entonces tenía 18 años, fue víctima de desaparición forzada por elementos de la policía estatal, asegura la madre en resistencia.

La protesta y el campamento de las Madres en Resistencia ha sufrido un intento de desalojo por parte de la Policía de Seguridad Pública Municipal, al mando de David Hernández Pérez, así como acciones de presión por parte de mujeres transportistas y vecinas que, expresando una cuestionable “empatía y solidaridad”, les han pedido que despejen la vía.

Esas marchas y acercamientos son, según Isabel, intentos de desalojo orquestados por personas “pagadas”. “Pretenden desgastarnos. La verdad es que estamos exhaustas y desgastadas, pero no nos retiraremos. Resistiremos hasta donde el cuerpo aguante; podemos permanecer aquí meses e incluso años. No nos levantaremos hasta ver resultados y una respuesta clara de la Fiscalía, hasta que al secretario de Seguridad, David Hernández, le sea revocado el cargo por ser un violentador de derechos”.

“Las personas que han venido a tratar de desalojarnos son remuneradas y es deplorable. La Fiscalía busca confrontarnos con la ciudadanía, pero no caeremos en esa provocación”, denunció la madre en resistencia.

Yareli hizo un llamado al gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar: “Que voltee a vernos aunque sea un momento y que mueva las piezas de su ajedrez político; que sea humanista, que nos muestre el humanismo que dice profesar. Queremos conocer ese humanismo en hechos, no en discursos”.