Modernización Naval: El Senado Avala una Nueva Arquitectura Legal
Las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos del Senado de la República han dado su aval al proyecto de decreto para expedir la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, un paso crucial en la actualización del marco jurídico de la fuerza naval.
El dictamen, proveniente de la Cámara de Diputados, fue aprobado con el respaldo de 21 votos de los partidos Morena, PT y PVEM, mientras que las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su oposición.
Una Reestructuración Estratégica para la Era Digital
Este nuevo ordenamiento legal abroga la legislación anterior con el objetivo fundamental de armonizar el marco normativo que rige a esta institución castrense. La actualización se alinea con decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación que han expandido las competencias de la Secretaría de Marina (Semar) y, por ende, de la Armada de México.
La reforma sintoniza la misión naval con los objetivos de la Política Nacional Marítima y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Se incorpora formalmente la protección de los intereses marítimos nacionales, un concepto integral que abarca la seguridad marítima, la gestión del sistema portuario, la ciberseguridad, la industria naval, los recursos naturales, el comercio marítimo, la marina mercante, la sostenibilidad del medio ambiente marino y el turismo náutico.
En un movimiento que refleja los desafíos contemporáneos, la ley faculta a la Armada para participar en la elaboración de políticas públicas de defensa y ejercer el derecho de visita y persecución en la Zona Económica Exclusiva y en aguas internacionales. Esto refuerza su capacidad de intervención contra delitos transnacionales en los espacios marítimos de la nación.
Capacidades de Vanguardia y Ciberdefensa
Reconociendo el ciberespacio como un nuevo dominio operativo, la normativa autoriza a la institución a involucrarse en actividades de ciberdefensa y emplear inteligencia artificial como una herramienta tecnológica clave para la conducción de operaciones militares. Este rol se ve fortalecido al reconocer a la Semar como integrante del Centro Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública.
El documento también formaliza la colaboración interinstitucional, incluyendo explícitamente a la Guardia Nacional, junto con el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, como entidades con las que la Armada puede ejercer sus atribuciones de manera coordinada.
Reingeniería del Mando y Derechos del Personal
La ley impulsa una reestructuración integral de los niveles de Mando. Se crea la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituye al Estado Mayor de la Armada de México, y se establecen los niveles de Mando Superior en jefe Estratégico y Mando Superior de jefe Operativo.
Para fortalecer la defensa jurídica del personal naval, se otorga al Consejo de Almirantazgo la facultad de conocer el recurso de inconformidad frente a resoluciones de la Junta de Almirantes y la Junta Naval. Asimismo, se integran a este Consejo la nueva Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios y la Jefatura de Operaciones Navales, ampliando su representatividad y capacidad de análisis.
La legislación incorpora el uso de lenguaje incluyente y establece principios de equidad y paridad de género en los ascensos, la asignación de responsabilidades y todos los ámbitos de la carrera naval.
Posturas Políticas Frente a la Reforma
Rolando Zapata Bello, del PRI, manifestó su voto en contra, argumentando que el proceso de análisis fue acelerado para una institución de tal envergadura. Criticó que la nueva normativa no fortalece plenamente a la Marina y, en su opinión, la subordina al poder presidencial, poniendo en riesgo el equilibrio civil-militar fundamental para la democracia.
En contraste, Raquel Bonilla Herrera, de Morena, defendió la reforma, señalando que armoniza las atribuciones de la Marina con las necesidades actuales de la nación para mantener el Estado de derecho. Subrayó la importancia de contar con instituciones modernas y con reglas claras para combatir flagelos como el tráfico de personas, el contrabando de armas y los ciberdelitos, especialmente en un país con una vasta vocación marítima como México.
