CHICAGO — ¿Qué ocurre realmente tras los muros del centro de procesamiento de Broadview? Una investigación periodística basada en documentos judiciales y testimonios exclusivos revela un patrón alarmante de prácticas sistemáticas que organizaciones defensores de derechos humanos han calificado como inhumanas.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Illinois y el MacArthur Justice Center han presentado una demanda que describe una operación cuidadosamente orquestada para crear lo que denominan una “caja negra” jurídica. Según abogados investigadores, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han implementado un protocolo que niega llamadas confidenciales con defensores legales a los individuos bajo custodia.
Pero la pregunta crucial que emerge es: ¿por qué se ha impedido sistemáticamente el acceso a miembros del Congreso, líderes religiosos y corresponsales? Esta estrategia de aislamiento, según la investigación, ha creado las condiciones perfectas para que las autoridades actúen con lo que los demandantes califican como impunidad estructural.
Las revelaciones más preocupantes surgen de testimonios documentados que detallan cómo se habría coaccionado a personas detenidas para que firmaran documentos legales en idiomas que no comprenden. Esta práctica sistemática llevaría a los individuos a renunciar involuntariamente a sus derechos fundamentales, acelerando procesos de deportación sin el debido proceso.
Hasta el viernes, representantes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional mantuvieron un silencio administrativo, sin responder a múltiples solicitudes de comentarios sobre estas graves acusaciones.
En declaraciones exclusivas para esta investigación, Alexa Van Brunt, directora de la oficina en Illinois del MacArthur Justice Center y abogada principal de la demanda, describió una realidad escalofriante: “Estamos documentando casos de personas literalmente secuestradas de las calles, hacinadas en celdas de retención, privadas de alimentación adecuada, atención médica esencial y necesidades básicas, mientras son presionadas para renunciar a sus garantías legales”.
La abogada enfatizó un principio fundamental: “Todo ser humano, independientemente de su estatus migratorio, posee derechos constitucionales inviolables: acceso a representación legal y protección contra condiciones de detención inhumanas”.
La demanda judicial acusa formalmente al ICE, al DHS y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de violar el derecho al debido proceso establecido en la Quinta Enmienda y el derecho a la asesoría legal protegido por la Primera Enmienda. Los demandantes buscan una orden judicial que obligue a las agencias a transformar radicalmente las condiciones operativas de la instalación.
Durante meses, diversas fuentes dentro de grupos de defensa han expresado preocupaciones crecientes sobre las operaciones en Broadview, atrayendo la atención de legisladores federales, candidatos a cargos públicos y organizaciones activistas. Abogados y familiares de personas bajo custodia han caracterizado el lugar como un centro de detención encubierto, donde hasta 200 individuos han sido retenidos simultáneamente sin acceso efectivo a asesoramiento jurídico.
El Departamento de Seguridad Nacional había desestimado anteriormente estas afirmaciones, sosteniendo que las personas detenidas en la instalación reciben alimentación apropiada, tratamiento médico y acceso a comunicación con familiares y abogados. Sin embargo, la evidencia documental recopilada contradice esta versión oficial.
Las manifestaciones públicas frente al centro de Broadview han generado otra demanda legal significativa. Una coalición de medios de comunicación y manifestantes alega que los agentes federales violaron sus derechos de la Primera Enmienda al emplear repetidamente gas lacrimógeno y otras armas menos letales contra ellos.
En un desarrollo judicial revelador, la jueza federal de distrito Sara Ellis falló a favor de la coalición a principios de este mes, ordenando que los agentes federales del área de Chicago porten placas de identificación visible y prohibiendo el uso de ciertas técnicas de control de multitudes contra manifestantes pacíficos y periodistas. Posteriormente, la magistrada amplió su requerimiento, exigiendo que los agentes equipados con cámaras corporales las utilicen obligatoriamente, tras expresar preocupación por el incumplimiento de su orden inicial.
La investigación concluye que estos patrones sistemáticos de opacidad, combinados con las prácticas documentadas, sugieren una estrategia institucional más amplia destinada a dificultar la rendición de cuentas y el escrutinio público sobre las operaciones de control migratorio en la región de Chicago.
