El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha descartado de manera formal que existan indicios que vinculen a los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, con la delincuencia organizada. Esta declaración se produce en el contexto de la investigación por el asesinato del edil, aportando un dato crucial para entender la naturaleza del ataque.
Durante una conferencia de prensa, García Harfuch explicó que, de acuerdo con las pesquisas en curso y las declaraciones recabadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no se han encontrado elementos que relacionen al grupo de seguridad inmediato del alcalde con grupos criminales. “No existe ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga vínculos con la delincuencia organizada. De hecho, fue uno de sus propios escoltas quien abatió al agresor que privó de la vida al presidente municipal de Uruapan”, detalló con precisión el funcionario federal. Esta aclaración es significativa, ya que descarta una línea de investigación que suele ser recurrente en agresiones contra funcionarios públicos en zonas con alta incidencia delictiva.
El secretario subrayó que los escoltas municipales reaccionaron de inmediato durante el ataque, pues formaban parte del primer círculo de seguridad del edil. Su rápida intervención permitió neutralizar a uno de los atacantes, un dato que, para las autoridades, refuerza la tesis de su lealtad y profesionalismo. Para sustentar estas conclusiones, las autoridades cuentan con material audiovisual obtenido de cámaras de vigilancia en las inmediaciones del lugar de los hechos. Estos videos e imágenes están siendo analizados de manera meticulosa por equipos de investigación federales y estatales, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los eventos e identificar a todos los involucrados.
En respuesta a este grave incidente, García Harfuch informó que, por instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán los operativos de seguridad e investigación en el estado de Michoacán. Esta estrategia se ejecutará en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina. “Tenemos varias operaciones en curso en Michoacán. Vamos a fortalecerlas con más elementos de las fuerzas armadas y agentes de investigación. Nuestra prioridad es ubicar a los responsables y realizar detenciones con operativos claros y coordinados. No habrá impunidad”, afirmó con contundencia.
El secretario contextualizó la situación recordando que en las últimas semanas se han realizado detenciones relevantes en la entidad, aunque este periodo también se ha caracterizado por un repunte de agresiones directas contra elementos de seguridad, en las que han perdido la vida militares y policías, lo que refleja un escenario de confrontación complejo. Por su parte, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, aportó detalles clave sobre el esquema de protección que se le había asignado al alcalde Manzo.
Explicó que dicho esquema se definió en coordinación con el propio edil, quien decidió que su seguridad inmediata estuviera a cargo de policías municipales de su confianza, mientras que la Guardia Nacional brindaba seguridad periférica y acompañamiento en sus recorridos. Esta configuración no es inusual y responde a la necesidad de combinar el conocimiento local de los elementos municipales con el poder de disuasión y la capacidad de fuego de las corporaciones federales.
“El alcalde era una persona muy activa que salía constantemente a campo y participaba incluso en algunos operativos. Por eso, la Guardia Nacional tenía la misión de acompañarlo y reforzar su seguridad con armamento adecuado para enfrentar posibles agresiones”, detalló Trevilla. Este perfil del funcionario, muy involucrado en el trabajo territorial, presenta desafíos logísticos y de seguridad considerables, ya que aumenta su exposición y hace más difícil la labor de protección.
El jefe militar enfatizó que tanto el Ejército como la Guardia Nacional mantienen el compromiso de colaborar plenamente con las autoridades investigadoras para esclarecer el crimen y garantizar que no haya impunidad. Asimismo, explicó el protocolo que se sigue para asignar escoltas a funcionarios. En todos los casos, se realiza un análisis de riesgo conjunto, en el que participan la SSPC y otras dependencias federales, para definir el tipo de protección que debe otorgarse. Dicha protección puede variar desde personal de la Guardia Nacional o del Servicio de Protección Federal hasta el despliegue de fuerzas especiales, todo ello en función del nivel de amenaza específico que se determine para cada autoridad. Este sistema, teóricamente, busca optimizar los recursos y ofrecer una seguridad a la medida de las necesidades reales de cada funcionario.
