El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, estaría diseñando operaciones militares dirigidas contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en México. Esta iniciativa representaría una expansión significativa de la campaña antidroga que Washington ya ejecuta en aguas del Caribe y el Pacífico, según se reveló este lunes.
El plan contempla el despliegue de efectivos de tropas y oficiales de inteligencia en territorio mexicano. El entrenamiento de estas unidades ya habría comenzado, aunque el inicio formal de la misión no se considera inminente. Los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca mantienen discusiones activas sobre el alcance operativo, sin que se haya tomado aún una decisión definitiva.
Según las fuentes consultadas, las fuerzas estadounidenses utilizarían predominantemente vehículos aéreos no tripulados para desmantelar laboratorios de producción de estupefacientes y neutralizar a integrantes de alto nivel de las organizaciones criminales. Cabe destacar que algunos de estos sistemas de drones requieren, para su empleo eficaz y seguro, la presencia física de operadores especializados en terreno.
Las unidades movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y desarrollarían sus actividades bajo la cobertura legal del Título 50, un estatuto que autoriza operaciones encubiertas fuera del marco militar convencional y que otorga jurisdicción a las agencias de inteligencia. Esta característica legal diferencia estas acciones de las operaciones militares tradicionales, situándolas en un ámbito más discreto.
La misión incluiría también la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Una vez aprobada, Washington manejaría la operación con el máximo nivel de reserva, comparable al aplicado en los recientes ataques contra embarcaciones narcotraficantes en zonas cercanas a Venezuela y Colombia, acciones que han resultado en numerosas bajas.
Los funcionarios consultados hicieron especial hincapié en que, a diferencia de las posibles operaciones consideradas en territorio venezolano, el objetivo en México no sería desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La administración estadounidense ha reconocido públicamente la cooperación del gobierno mexicano en operaciones conjuntas contra el narcotráfico en la frontera común.
Un alto funcionario declaró a NBC que “el Gobierno de Trump está comprometido a emplear un enfoque integral de gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”. Esta declaración refleja la postura oficial de confrontación directa contra estas organizaciones.
El contexto de esta iniciativa se remonta a febrero pasado, cuando la Administración Trump designó formalmente a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Un mes después comenzaron a circular los primeros informes sobre una posible operación antidroga de mayor envergadura en México.
En septiembre, The Washington Post había revelado que la Casa Blanca y el Pentágono habrían desestimado inicialmente las sugerencias de funcionarios de la DEA, quienes a principios de año instaron al gobierno republicano a ejecutar ataques militares directos contra cárteles en México. Esta nueva información sugiere un cambio significativo en la postura operativa de la administración estadounidense.
Aunque Trump ha manifestado en múltiples ocasiones su disposición a atacar a los cárteles en su territorio de origen, hasta ahora su gobierno se había abstenido de realizar acciones directas en suelo mexicano. El mandatario republicano ha elogiado consistentemente la colaboración del Gobierno de Sheinbaum, lo que añade complejidad diplomática a estas posibles operaciones unilaterales.
El desarrollo de estos planes ocurre en un momento de creciente preocupación por el poder y la violencia de los cárteles mexicanos, organizaciones que controlan gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y que han diversificado sus actividades criminales. La posible implementación de estas operaciones marcaría un punto de inflexión en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico y en las relaciones bilaterales con México.
Expertos en seguridad y relaciones internacionales observan con atención estos desarrollos, señalando que una intervención militar estadounidense en territorio mexicano, incluso si se limita a operaciones encubiertas, podría tener profundas implicaciones para la soberanía nacional, la cooperación bilateral y la dinámica de seguridad regional. La evolución de estos planes dependerá de múltiples factores, incluyendo evaluaciones de inteligencia, consideraciones diplomáticas y el cálculo político doméstico en ambos países.
