CIUDAD DE MÉXICO. Tras el brutal homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, surge una pregunta incómoda: ¿Qué sabe realmente el gobierno estadounidense sobre los grupos criminales que operan en México? La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ofrecimiento de colaboración del subsecretario Christopher Landau revela más de lo que aparenta.
Durante su conferencia en Palacio Nacional este lunes, la mandataria federal desglosó el mecanismo de cooperación con precisión técnica, pero ¿oculta esta meticulosidad legal una realidad más compleja? “Podría Estados Unidos colaborar con información”, declaró Sheinbaum, refiriéndose al documento de entendimiento bilateral. Sin embargo, la investigación periodística indaga: ¿qué información concreta posee la inteligencia norteamericana que aún no ha compartido?
La naturaleza de esta colaboración, según la explicación oficial, se centra en “información esencialmente de inteligencia que ellos pudieran tener, de algún grupo delictivo”. Pero, ¿qué garantías existen de que este intercambio no comprometa la soberanía nacional? “Si hay una intervención telefónica, siempre es a petición y orden de un juez”, aclaró la presidenta, estableciendo un riguroso marco jurídico. Este punto crucial plantea un dilema de seguridad nacional: la delgada línea entre la cooperación internacional y la autonomía en materia de justicia.
La oferta transnacional que revela fisuras en la estrategia de seguridad
Las declaraciones de Landau en redes sociales, donde lamentó el magnicidio y expresó la disposición de su gobierno para “profundizar la cooperación en materia de seguridad”, parecen indicar un cambio en la estrategia bilateral contra el crimen organizado. Pero, ¿por qué ahora? El timing de esta oferta, inmediatamente después de un crimen de alto impacto, sugiere either una genuina preocupación o un reposicionamiento geopolítico cuidadosamente calculado.
El funcionario estadounidense acompañó su publicación con una fotografía del alcalde Manzo sosteniendo a su hijo “momentos antes del ataque”, creando un poderoso simbolismo mediático. ¿Constituye esto un gesto humanitario auténtico o una sofisticada herramienta de diplomacia pública? La investigación revela que estas acciones comunicativas suelen preceder a ajustes significativos en la política exterior.
Al conectar los puntos entre el asesinato, la respuesta institucional y la oferta de cooperación transnacional, emerge un patrón preocupante: la creciente audacia de los cárteles contrasta con la meticulosa lentitud de los protocolos bilaterales. La conclusión es ineludible: mientras las autoridades debaten los términos legales de la colaboración, la violencia continúa su imparable escalada, dejando al descubierto las limitaciones estructurales del combate al narcotráfico.
