La Ruptura: Una Medida Extrema en una Crisis Diplomática
La decisión del gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México no fue un acto aislado. Nuestra investigación revela que fue la culminación de una tensión latente que estalló tras el otorgamiento de asilo político a la exministra Betssy Chávez. ¿Qué motivos reales impulsaron una reacción tan drástica? ¿Se trata de una cuestión de soberanía o de una respuesta a la protección de una figura clave en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo?
El Asilo: ¿Derecho Humano o Acto Inamistoso?
Al indagar en los fundamentos, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo ante nuestros cuestionamientos que la acción mexicana se realizó “de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”. Documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a los que tuvimos acceso detallan la notificación oficial a Perú sobre la concesión del asilo y la solicitud de salvoconducto. “Esto se hizo en apego a una larga tradición de asilo diplomático y político arraigada en nuestra historia”, argumentó Velasco, citando el artículo 4 de la Convención de Caracas, que otorga al Estado asilante la facultad exclusiva de calificar un caso como persecución política.
La Narrativa Oficial Versus los Principios Internacionales
Pero, ¿por qué Perú calificaría este acto como una afrenta? La investigación nos lleva a una resolución de la Asamblea General de la ONU de 1967, citada por la diplomacia mexicana, que establece que “el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso”. La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, fue más allá en su testimonio, calificando el asilo como “un derecho humano” y un símbolo de la vocación humanista de México. Sin embargo, surge la pregunta incómoda: ¿está Perú utilizando cargos de rebelión para enmascarar una persecución política?
Conectando los Puntos: Una Tradición que Enfrenta al Poder
Al profundizar, descubrimos un patrón histórico. Serur evocó la protección a “miles de personas perseguidas a lo largo de su historia, desde los refugiados españoles salvados por Lázaro Cárdenas hasta quienes huyeron de las dictaduras en Sudamérica”. Este antecedente plantea un conflicto de narrativas: la de un Estado que se erige en garante de derechos frente a la de un gobierno que percibe una intromisión. “Un gobierno que persigue a alguien por razones políticas difícilmente lo reconocerá; por eso, suele acusar a sus opositores de delitos comunes”, explicó la funcionaria, en una declaración que cuestiona directamente los fundamentos del juicio contra Chávez.
La Revelación Final: Una Postura de Principio Frente a Medidas Desproporcionadas
Al final de este proceso de descubrimiento, las declaraciones del director general para América del Sur, Pablo Monroy Conesa, aportan la pieza final. Aseguró que México “no ha intervenido ni intervendrá en los asuntos internos del Perú”, y que ha actuado con mesura ante lo que calificó como medidas “extremas y desproporcionadas”. La revelación significativa es el contraste: mientras Perú elige la ruptura, México se aferra a una “posición de principio, guiada por el respeto”, manteniendo abiertos los canales consulares y sin declarar persona non grata a ningún representante. La crisis, por tanto, no revela una falta en el proceder mexicano, sino que expone la profunda fractura política dentro del Perú y pone a prueba la solidez de las instituciones del derecho internacional frente a la realpolitik.
