El gran teatro diplomático de la justicia selectiva
En un espectáculo que hubiera hecho palidecer al mismo Jonathan Swift, la nación peruana ha decidido cortar por lo sano -más bien por lo dramático- sus vínculos diplomáticos con México. La razón: el atrevimiento mexicano de otorgar asilo diplomático a una exprimera ministra, como si el derecho internacional existiera para ser cumplido.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, con esa solemnidad que caracteriza a los burócratas cuando citan convenciones, ha respondido que todo se hizo según el sagrado texto de la Convención de Caracas de 1954. ¡Como si los documentos firmados hace setenta años tuvieran alguna relevancia frente a los arrebatos soberanos contemporáneos!
“México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”, declaró la SRE con la candidez de quien cree que las palabras importan más que los berrinches geopolíticos.
La Cancillería mexicana insistió, con terquedad casi patológica, en que el otorgamiento de asilo “no puede ser considerado un acto inamistoso”. Claramente, nuestros diplomáticos no han leído el nuevo manual de relaciones internacionales donde todo gesto humanitario es interpretado como declaración de guerra.
El gobierno azteca fundamentó su decisión en su Constitución Política, en su tradición de humanismo mexicano y en esa vocación de dar refugio a perseguidos políticos. ¡Qué anticuados! No se han enterado de que en la geopolítica moderna lo que importa son los intereses, no los principios.
Mientras México habla de lazos de amistad históricos y solución pacífica de controversias, el gobierno peruano responde con plazos perentorios y expulsiones diplomáticas. La encargada de la embajada mexicana, Karla Ornela</strong, recibe su notificación de desalojo como si fuera una inquilina morosa en lugar de una representante estatal.
“¡Respeto a nuestra patria!”, clamó el presidente interino José Jeri en redes sociales, porque en el siglo XXI la diplomacia se ejerce a través de mayúsculas y signos de exclamación.
Este episodio recuerda aquel diciembre de 2022 cuando Perú declaró persona non grata al entonces embajador Pablo Monroy Conesa. Parece que en Lima tienen una suscripción anual al servicio de expulsión diplomática.
En este gran teatro de lo absurdo, donde los principios chocan con las susceptibilidades y el derecho internacional se estrella contra los arranques de soberbia, solo queda preguntarse: ¿cuándo convertiremos las cancillerías en academias de actuación y los comunicados diplomáticos en guiones de tragicomedia?
