El pleno de la Cámara de Diputados inició un proceso que, en la superficie, parece una mera formalidad presupuestaria. Sin embargo, una investigación más profunda revela una reconfiguración financiera de gran alcance. La discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 avanzó con la previsión de una aprobación exprés en lo general, mientras se prepara el terreno para una reasignación de aproximadamente 17 mil millones de pesos que ha generado un intenso debate.
¿Qué impulsa esta maniobra? Desde el inicio, las voces de oposición intentaron poner un freno. Los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández del PAN y Yerico Abramo Masso del PRI presentaron mociones suspensivas para evitar la discusión. Pero, ¿eran estas mociones una estrategia dilatoria o una genuina advertencia sobre la opacidad del proceso? La respuesta llegó de inmediato: la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados las rechazaron, allanando el camino para una aprobación sin mayores obstáculos.
La verdadera revelación, sin embargo, se esconde en los detalles de las reservas. Documentos internos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que aprobó el dictamen sin modificar el proyecto del Ejecutivo, indican recortes específicos y sustanciales. Nuestra investigación confirma que el Poder Judicial de la Federación enfrentará una disminución de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) sufrirá un recorte superior a los 4 mil millones de pesos. Y la incertidumbre se cierne sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyo monto definitivo de recorte aún no se ha determinado públicamente.
La narrativa oficial versus las preguntas sin respuesta
Las declaraciones públicas de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ofrecen una justificación: estos 17 mil millones de pesos serán reasignados a sectores prioritarios como educación, infraestructura, medio ambiente y cultura. Pero, ¿dónde están los planes detallados? ¿Qué garantías existen de que esta redistribución no debilita instituciones fundamentales para el equilibrio democrático? La falta de transparencia en la ejecución de estas reasignaciones plantea más interrogantes que certezas.
Al analizar las cifras globales del PEF 2026, el panorama se vuelve más complejo. El documento establece un Gasto Neto Total de 10 billones 193 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 891 mil 667 millones de pesos respecto al año anterior. El gasto programable, destinado a la generación de bienes, servicios y obras públicas, experimenta un aumento del 5% en términos reales, ubicándose en 7 billones 094 mil millones de pesos. Mientras tanto, el gasto no programable, que incluye el costo financiero de la deuda, las participaciones a entidades federativas y municipios, y el pago de adeudos de ejercicios fiscarios anteriores (ADEFAS), ascenderá a 3 billones 098 mil millones de pesos.
La conclusión de esta investigación es clara: más allá de las cifras macroeconómicas, se está librando una batalla silenciosa por el control de los recursos públicos. La reasignación de fondos desde órganos autónomos hacia programas bajo control directo del Ejecutivo no es un mero ajuste contable. Es una estrategia que redefine el equilibrio de poder en el Estado mexicano, cuyas consecuencias podrían resonar en la arquitectura institucional del país durante años.
