Una advertencia desde la trinchera financiera
Tras décadas analizando la evolución de la política fiscal y tecnológica, he visto cómo las buenas intenciones regulatorias pueden generar efectos contraproducentes. La propuesta de acceso permanente del SAT a las plataformas digitales me recuerda aquellos primeros años de la digitalización, cuando subestimamos los riesgos de seguridad.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ha emitido un pronunciamiento que comparto plenamente: esta interconexión permanente es técnicamente inviable y financieramente regresiva. He asesorado suficientes procesos de integración tecnológica para saber que forzar estas conexiones abre vulnerabilidades críticas en sistemas que manejan información sensible.
Lecciones aprendidas en ciberseguridad
Los recientes incidentes de ciberseguridad en el SAT y el IMSS no son anécdotas aisladas. En mi experiencia, cada brecha de seguridad nos enseña que los sistemas gubernamentales necesitan madurar antes de exponer datos ciudadanos. Amplificar estos riesgos mediante acceso en tiempo real es como construir un rascacielos sin cimientos antisísmicos.
La reforma que introduce el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación carece de lo que en el mundo empresarial llamamos “controles y balances”. No existen salvaguardas judiciales que garanticen proporcionalidad, algo que cualquier auditor experimentado identificaría como una bandera roja.
Perspectiva internacional comparada
En mis años colaborando con organismos internacionales, he constatado que ninguna economía avanzada permite este acceso irrestricto. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo y la California Consumer Privacy Act (CCPA) estadounidense establecen barreras judiciales claras.
Francia aplica un impuesto del 3% sobre ingresos digitales con auditorías posteriores, mientras Estados Unidos exige órdenes judiciales para acceder a datos privados. Son modelos que funcionan porque equilibran fiscalización con derechos fundamentales.
Implementar medidas invasivas sin este equilibrio genera incertidumbre regulatoria que, según he visto repetirse en diversas administraciones, erosiona la confianza del mercado y desincentiva la innovación. La experiencia nos enseña que la vigilancia fiscal debe ser efectiva, pero nunca a costa de la seguridad digital de los ciudadanos.
