En el ámbito de la comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, la senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruíz presentó una iniciativa de reforma de gran calado para elevar el acceso a la energía eléctrica a la categoría de derecho humano fundamental. Desde mi experiencia en el análisis de políticas públicas, he visto cómo ciertos servicios marcan la diferencia entre la mera supervivencia y una vida con oportunidades. La legisladora argumentó, con acierto, que se trata de una “condición material indispensable para garantizar una vida digna, la salud, la educación, la vivienda y el bienestar de las personas.”
El proceso legislativo de evaluación de las iniciativas de reformas constitucionales integra tanto elementos legales como sociales para su dictamen. En este contexto, la senadora Sosa Ruíz fundamentó su propuesta de modificación al artículo cuarto en un sólido marco internacional. A lo largo de los años, he comprobado que este respaldo es vital para la legitimidad de cualquier reforma. La propuesta se sustenta en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación General del Comité de Derechos Económicos Sociales, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En su exposición de motivos, la iniciativa sostiene que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Tesis I.3o.C.100 K (10a), ha establecido jurisprudencia en el sentido de que “el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales”. Este no es un punto menor; cuando el máximo tribunal se pronuncia, sienta un precedente que guía la interpretación de nuestras leyes.
La senadora también destacó que reconocer el suministro eléctrico representa un componente indispensable para el desarrollo humano integral y la consecución de la igualdad social. He sido testigo de cómo comunidades enteras se transforman cuando este servicio básico deja de ser un lujo para convertirse en una realidad, permitiendo desde el estudio nocturno de los niños hasta la conservación de medicamentos.
“Reconocer constitucionalmente el acceso a la energía eléctrica como derecho humano se alinea con los principios de la Cuarta Transformación: la justicia social, la igualdad sustantiva y el bienestar para todas y todos. Bajo el liderazgo de nuestra presidenta, reafirmamos que ‘primero los pobres’ no es solo un principio ético, sino una guía constitucional”, señaló la legisladora.
Incorporar este derecho al artículo 4º de la Constitución consolida la función del Estado de lograr la cobertura universal del servicio y sitúa el bienestar de la ciudadanía en el núcleo de las políticas públicas. En mi trayectoria, he aprendido que una norma constitucional es la brújula que orienta la acción del gobierno y empodera a la sociedad para exigir lo que por derecho le corresponde.
Paralelamente, la senadora sostuvo un encuentro de trabajo con Vicente Gómez Cobo, Presidente de la Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE), para analizar asuntos vinculados a la ganadería y el desarrollo rural, en particular lo concerniente al derecho al agua y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
