En un acto de extraordinaria magnanimidad burocrática, el Partido del Trabajo ha descubierto que el dolor necesita permiso oficial para ser reconocido. Los ilustres senadores, en su infinita sabiduría, han decidido que ciertos tipos de sufrimiento requieren certificación notarial para adquirir estatus de realidad.
La violencia vicaria, ese refinado arte marcial emocional donde el victimario utiliza a la prole como arma arrojadiza contra la madre, espera pacientemente su turno en la cola de la legitimación legislativa. Mientras tanto, los agresores perfeccionan sus técnicas en el limbo jurídico de diez entidades federativas que aún consideran el tormento psicológico como un pasatiempo cultural.
La coreografía legislativa del reconocimiento
El objetivo declarado es tan noble como obvio: convertir el dolor en texto legal, el sufrimiento en artículo penal. Las cámaras legislativas se convierten así en notarios públicos del trauma, donde el llanto de los niños debe esperar su turno entre discursos protocolarios y puntos de acuerdo.
Las senadoras, acompañadas por su colega masculino en este safari de compasión regulada, han diseñado el perfecto circuito burocrático del dolor: primero se tipifica, luego se capacita a los funcionarios para reconocerlo, después se protocoliza su atención y, finalmente, se archiva debidamente. Todo un sistema de procesamiento industrial del sufrimiento con perspectiva de género.
El manual del perfecto dolor institucional
La propuesta incluye crear el dolor por manual: asesoría jurídica para el trauma, psicólogos especializados en desgarramiento emocional y acompañamiento para las víctimas secundarias. Todo ello sazonado con la salsa burocrática de los derechos humanos y el interés superior de la niñez, ese concepto tan elástico que se estira hasta adaptarse a los presupuestos disponibles.
Los expertos en la materia -aquellos que han convertido el sufrimiento ajeno en carrera profesional- explican con paciencia doctoral que dañar a los hijos para castigar a la madre no es solo un deporte extremo emocional, sino una violación múltiple de derechos. Una revelación que, sin duda, dejará perplejos a los agresores que creían estar practicando apenas un hobby.
La estadística del horror cotidiano
Las cifras oficiales pintan un cuadro conmovedor: el 86% de los tiranos domésticos han descubierto que amenazar a la descendencia es más efectivo que discutir sobre la pensión alimenticia. Un dato que nos recuerda que, en la ingeniería del dolor familiar, la eficiencia siempre prevalece sobre la ética.
Mientras los congresos estatales deliberan sobre cómo enmarcar jurídicamente esta particular forma de crueldad, las víctimas reales esperan que la justicia deje de ser una abstracción legislativa para convertirse en una realidad tangible. Pero no se impacienten: el dolor con papeles en regla siempre sabe mejor.
