WASHINGTON. Una sentencia judicial disruptiva ha desafiado el paradigma de la inacción gubernamental. Un magistrado federal en Rhode Island ha dictaminado, este jueves, que la administración del presidente Donald Trump debe localizar y asignar los recursos necesarios para sufragar la totalidad de los subsidios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como SNAP) durante todo noviembre.
En una decisión que prioriza el bienestar humano sobre la burocracia, el juez John J. McConnell Jr. estableció un plazo perentorio: el gobierno debe ejecutar las transferencias del programa SNAP a más tardar el viernes. No obstante, la materialización de estos fondos en las tarjetas de débito electrónicas que emplean los 42 millones de beneficiarios para adquirir víveres podría no ser inmediata.
Este veredicto surge como respuesta a una demanda colectiva interpuesta por municipalidades y entidades del tercer sector, que impugnaron la oferta inicial del gobierno de costear únicamente el 65% del beneficio máximo. El fallo constituye un revés a la lógica fragmentaria que deja a las personas en la incertidumbre.
“Los demandados hicieron caso omiso de las consecuencias prácticas y humanas vinculadas a la decisión de financiar SNAP de manera parcial”, argumentó McConnell en su fundamentación. “Eran conscientes de que existiría un prolongado intervalo en el desembolso de los auxilios parciales y no ponderaron los perjuicios que afrontarían los individuos que dependen de esta ayuda vital”.
El origen de esta crisis se remonta al anuncio del mes pasado, cuando el gobierno federal comunicó que no abonaría prestación alguna en noviembre a causa del shutdown o paralización administrativa. La semana pasada, dos jueces ya habían compelido al gobierno a cubrir, al menos, beneficios parciales utilizando un fondo de contingencia. La postura oficial evolucionó de proponer un 50% a asegurar un 65%, pero los demandantes exigen, con una visión integral, la financiación completa.
La declaración del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que alertó sobre la suspensión de las ayudas para noviembre, desencadenó una carrera contrarreloj. Bancos de alimentos, administraciones estatales y los aproximadamente 42 millones de ciudadanos que perciben este subsidio se vieron forzados a buscar soluciones alternativas para garantizar algo tan fundamental como el acceso a la alimentación, revelando la fragilidad de un sistema que no debería fallar.
