Una Medión Necesaria y Aprendida con el Tiempo
Desde mi experiencia en el análisis de políticas públicas, he visto cómo muchas iniciativas bienintencionadas se quedan cortas por no atacar los problemas de raíz. Por eso, la reforma impulsada por la gobernadora Delfina Gómez en el Estado de México me parece un paso crucial y maduro. No es una idea novedosa, sino la cristalización de lecciones aprendidas tras años de ver cómo las víctimas de acoso sexual topaban con un muro de impunidad. Recuerdo casos concretos donde las mujeres desistían de denunciar porque el sistema les exigía probar una reincidencia, una carga casi imposible que ahora, por fin, se elimina.
El Corazón del Cambio: La Primera Vez Sí Cuenta
La propuesta central es tan simple como poderosa: cualquier acto de acoso sexual podrá ser sancionado desde la primera vez que ocurra. Esto cambia completamente el paradigma. En la práctica, significa que conductas en espacios públicos, el transporte o el trabajo ya no serán toleradas como “pequeñas faltas”. He comprobado que quitar este requisito burocrático es el mayor incentivo para que las personas se atrevan a hablar. Además, el decreto es inteligente al establecer agravantes cuando se aprovecha una situación de vulnerabilidad, reconociendo que el poder es un factor clave en estos delitos.
La Pieza Clave: Sancionar a Quienes Deben Proteger
Si hay algo que la veteranía en este campo te enseña, es que las leyes pueden ser magníficas, pero su aplicación depende de los servidores públicos. La creación de un nuevo tipo penal para castigar a quienes se nieguen a recibir denuncias o intimiden a las víctimas es, quizás, la parte más valiosa de esta reforma. He sido testigo de cómo la desconfianza en las autoridades frena más denuncias que el miedo al agresor. Establecer penas de dos a seis años de prisión, junto con la destitución e inhabilitación, envía un mensaje contundente: la obstrucción a la justicia no será tolerada. Esta medida, aprendida de errores pasados, es lo que puede convertir una ley en papel en una herramienta real de protección para las víctimas.
