Con el objetivo fundamental de fortalecer el orden público, la paz social y el bienestar de las familias en Tamaulipas, la diputada Katalyna Méndez Cepeda presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso estatal. La propuesta busca actualizar los Reglamentos de Bando de Policía y Buen Gobierno en los 43 municipios, unos ordenamientos que en muchos casos no han sido modificados durante años, generando vacíos legales y sanciones desproporcionadas frente a las problemáticas actuales.
La iniciativa, presentada por la integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura 66, exhorta a los ayuntamientos a elaborar y modernizar sus reglamentos, con especial atención a las sanciones por faltas administrativas.
La legisladora argumentó que conductas que alteran significativamente la convivencia, como el acoso en espacios públicos, el maltrato animal o la proliferación de basureros irregulares, no deben normalizarse ni quedar impunes debido a marcos regulatorios obsoletos. Subrayó que la falta de una respuesta regulatoria adecuada y oportuna podría permitir que estas conductas escalen hacia delitos más graves.
“El vecino que amenaza es un potencial actor de delito en daño a la propiedad, una persona que acosa en vía pública es un potencial violador o feminicida, la persona que tira basura en espacios limpios es promotor de delitos ambientales, así como un maltratador animal es un potencial violentador de personas”, señaló Méndez Cepeda durante su exposición.
La diputada enfatizó que el espíritu de las sanciones propuestas no es de naturaleza recaudatoria. Por el contrario, se busca la regulación efectiva de la conducta ciudadana y la promoción de una convivencia armónica. Una actualización normativa permitiría sancionar de manera justa, firme y proporcional, previniendo la reincidencia y fortaleciendo el sentido de responsabilidad social entre la ciudadanía.
«No se trata de poner multas con fines recaudatorios, sino de garantizar que el marco normativo municipal cumpla con su función de proteger a la ciudadanía, el entorno y el bienestar colectivo» puntualizó. Para contextualizar la urgencia de la reforma, la legisladora puso como ejemplo el marco sancionador vigente en la capital del estado, Ciudad Victoria, donde el monto máximo para estas faltas se establece en 1,100 pesos.
Planteó una reflexión crítica sobre la efectividad de estas penalizaciones en el contexto actual: «¿Podemos realmente considerar que esa sanción refleja la gravedad de conductas como el exhibicionismo o el acoso a nuestras mujeres? ¿O repara los daños causados a nuestras áreas verdes y calles por la contaminación ambiental? Claramente no, es momento de reconocer que éstas acciones no se corrigen con sanciones simbólicas».
La propuesta también contempla un componente pedagógico esencial, instando a los ayuntamientos a implementar campañas informativas para que la población conozca a fondo las normas, las sanciones aplicables y los mecanismos de denuncia disponibles.
Esta medida busca fomentar una cultura de legalidad y participación cívica proactiva, donde los ciudadanos no solo sean conscientes de sus obligaciones, sino también de sus derechos y de las vías para hacerlos valer. La iniciativa cierra con un llamado a la acción, recordando la obligación constitucional y moral de las autoridades.
“Las y los tamaulipecos tienen derecho a vivir en comunidades seguras, limpias y libres de violencia; las autoridades municipales tienen el deber de garantizarlo. El bienestar, la paz y la salud de Tamaulipas no pueden esperar, es momento de actuar, de actualizar nuestros reglamentos, y de cumplir con la obligación constitucional y moral de proteger a nuestra gente y nuestro entorno.”, concluyó la diputada.
Este planteamiento sitúa la modernización de la regulación municipal no como una mera actualización administrativa, sino como una condición necesaria para la protección efectiva de los derechos fundamentales de la comunidad.
