En el desarrollo de la primera audiencia de pruebas relacionada con el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el agente del Ministerio Público presentó información crucial que redefine la secuencia de los hechos. La revelación central fue que el joven agresor, Víctor Hugo U., de 17 años y originario de Paracho, fue ultimado por un escolta del edil cuando ya se encontraba en estado de sometimiento, un dato que introduce profundas cuestiones sobre el protocolo y el uso de la fuerza letal.
Los informes periciales presentados en el juzgado detallan que el policía municipal Demetrio N., quien acumulaba un año de servicio como custodio del presidente municipal, efectuó un disparo a una distancia aproximada de diez centímetros que impactó en la región de la nuca del adolescente. Este hecho fatal ocurrió minutos después de que el joven perpetrara el ataque contra el alcalde, quien recibió seis disparos que resultaron en su deceso.
Durante la audiencia, se procedió a la lectura de la declaración preparada por el propio escolta, Demetrio N. En su testimonio, el oficial sostuvo que su intención en el momento crítico fue exclusivamente neutralizar la amenaza que representaba el agresor. Afirmó que, en la rapidez y confusión del evento, creyó haber disparado hacia el brazo del joven y no hacia una zona vital como la cabeza. El agente relató que incluso llegó a ordenarle al atacante “No te muevas”, y describió la escena como un suceso donde “todo fue rápido”, añadiendo que no observó la presencia inmediata de sus compañeros para colaborar en el sometimiento completo del individuo.
Sin embargo, la fiscalía se encargó de contrastar esta versión con la evidencia física disponible. El Ministerio Público confirmó de manera contundente, basándose en los peritajes, que el impacto del proyectil se localizó en la nuca y que la distancia de fuego era extremadamente corta. Esta circunstancia técnica abre una línea de investigación que considera la posibilidad de que el oficial haya decidido consumar el acto letal contra el agresor cuando este ya se hallaba bajo control, lo que trasciende el principio de neutralización para adentrarse en un terreno de ejecución sumaria.
Otro testimonio clave, el de un paramédico identificado como José Ángel, aportó un ángulo adicional sobre la conducta de los agentes en la escena. El profesional declaró que, al intentar acercarse para brindar atención médica al joven herido, los propios policías le impidieron el paso. Relató que uno de los escoltas, con tono molesto y con el arma aún en mano, le espetó un contundente “Déjalo”. Esta actitud disuasoria obligó al paramédico a desistir de su labor, privando al adolescente de cualquier posibilidad de auxilio médico y culminando en su muerte en el lugar de los hechos.
El Ministerio Público, en su exposición, también precisó la dinámica del ataque inicial contra el alcalde Carlos Manzo. Los análisis forenses determinaron que el presidente municipal recibió seis impactos de bala en un intervalo de tiempo extraordinariamente breve, con apenas 1.5 segundos separando cada disparo. Fue el quinto proyectil, el cual impactó en la espalda baja y perforó la cavidad torácica, el que causó la herida mortal. Cabe destacar que el primer disparo efectuado por el agresor también alcanzó a un civil que se encontraba en las inmediaciones, lesionándolo, lo que ilustra el alto riesgo colateral del incidente.
Este conjunto de testimonios y evidencias periciales presentadas en la audiencia no solo reconstruye la cronología de una doble muerte, sino que sitúa el foco en la actuación de los agentes de seguridad encargados de la protección. La discrepancia entre la declaración del escolta sobre su presunta intención de neutralizar y la evidencia física de un disparo a quemarropa en la nuca de una persona ya sometida plantea serias interrogantes sobre el cumplimiento de los protocolos de uso progresivo y proporcional de la fuerza. La negativa explícita a permitir la asistencia médica al agresor herido añade otra capa de complejidad al caso, sugiriendo una posible deliberación para asegurar un desenlace fatal. Estos elementos convierten el proceso judicial no solo en una investigación sobre un homicidio, sino en un examen crítico de las prácticas y la supervisión dentro de los cuerpos de seguridad encargados de proteger a las autoridades.
