Reinventando la Gestión Hídrica: Del Control Estatal a la Soberanía Comunitaria
La polémica Ley General de Aguas nos enfrenta a una disyuntiva histórica: ¿realmente necesitamos más regulación estatal o deberíamos transitar hacia modelos descentralizados de gestión comunitaria? Las preocupaciones de la Confederación Nacional Campesina revelan un conflicto más profundo: la colisión entre el paradigma de control centralizado y la sabiduría ancestral de quienes han cultivado la tierra por generaciones.
Imaginemos por un momento que en lugar de ver el agua como un recurso para controlar, la entendiéramos como un bien común que fluye como la sangre por las venas de nuestra soberanía alimentaria. La propuesta de desvincular las concesiones agrícolas de la tierra representa un cambio de paradigma que ignora la simbiosis histórica entre el agricultor, su parcela y el acceso hídrico.
El Patrimonio Rural en la Mira Regulatoria
Las organizaciones agrícolas alertan sobre la transformación radical que sufriría la transmisión y renovación de los derechos de aprovechamiento hídrico. La iniciativa legislativa propone que estos títulos dejen de heredarse o transferirse junto con la tierra, retornando al Estado para su redistribución al concluir su vigencia.
Durante las recientes movilizaciones sociales, integrantes de la Confederación enfatizaron que esta reforma elimina la seguridad jurídica que actualmente caracteriza a muchos títulos de concesión, genera incertidumbre sobre el patrimonio familiar y compromete la operación diaria de miles de explotaciones agropecuarias.
Rediseñando el Futuro del Agua Agrícola
¿Y si en lugar de centralizar el control, creáramos sistemas de gestión circular donde los agricultores fueran custodios, no solicitantes? La CNC advierte que el retorno obligatorio de las concesiones al Estado y la prohibición de transmitirlas con la tierra depreciaría el valor de las parcelas y complicaría su sucesión generacional, afectando la estabilidad económica de regiones que dependen del riego para mantener su producción agroalimentaria.
Carlos Estrada Valdez, representante de la organización en Aguascalientes, explicó que las concesiones constituyen parte fundamental del patrimonio rural y que sin ellas una parcela pierde viabilidad productiva. Subrayó que separar la tierra del agua obliga a los agricultores a depender de procedimientos administrativos para cada renovación, aumentando la volatilidad en un sector ya afectado por costos elevados y precios deprimidos.
Hacia una Transición Hídrica Justa
La modernización del riego es ineludible, pero la iniciativa no contempla mecanismos de apoyo para que el sector pueda adaptarse sin comprometer su capacidad productiva. La Confederación añade que el proceso legislativo avanza con escasa consulta territorial y solicita que las modificaciones consideren las particularidades regionales, advirtiendo que una transición sin participación campesina podría agravar desigualdades y excluir a quienes dependen del agua para sostener sus cultivos.
Diferentes articulaciones de la Confederación proponen que la reforma mantenga la transmisión de concesiones entre particulares, ya que la herencia y la venta conjunta del derecho hídrico han permitido sostener la producción familiar por décadas. Consideran que eliminar esta práctica reduciría el valor de las tierras y limitaría la continuidad de los emprendimientos agrícolas.
Construyendo Certeza en Tiempos de Cambio
Exigen seguridad jurídica, advirtiendo que la nueva legislación no debe generar efectos retroactivos ni poner en riesgo concesiones vigentes, por lo que solicitan normas de renovación transparentes y plazos que proporcionen estabilidad a los usuarios agrícolas en todo el territorio nacional.
Asimismo, la CNC demanda que los agricultores sean considerados en el proceso de aprobación de la ley para comprender la relevancia de preservar los derechos adquiridos mediante mecanismos accesibles para heredar, renovar y mantener el uso del agua sin procedimientos discrecionales y sin cargas administrativas que afecten a los productores de menor escala.
Finalmente, solicitan apoyos técnicos y financieros para modernizar la infraestructura de riego antes de la implementación de las nuevas obligaciones y que la ley garantice reglas equitativas que no desplacen a pequeños productores ni restrinjan la actividad agrícola en zonas rurales.
El verdadero desafío no está en escribir leyes más estrictas, sino en co-crear sistemas hídricos resilientes donde la innovación tecnológica se encuentre con la sabiduría de quienes han cultivado nuestra tierra por siglos. El futuro del agua agrícola podría ser brillante si transformamos esta crisis en una oportunidad para reinventar completamente nuestra relación con el recurso más vital.
