La discusión de la nueva Ley Nacional de Aguas, iniciativa prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanza un momento decisivo en la Cámara de Diputados. En un escenario de alta tensión, las organizaciones del sector agropecuario mantienen sobre la mesa la amenaza de reactivar bloqueos en infraestructura crítica si el oficialismo incumple los acuerdos de modificación prometidos.
Los representantes del campo han sostenido una negociación compleja con la Secretaría de Gobernación y los legisladores de la coalición gobernante. Aunque estos se han comprometido a incorporar ajustes para proteger los derechos de los productores, persiste la desconfianza. Esta se agudizó tras la advertencia de Sheinbaum de que no habrá cambios en el núcleo de la normativa: la regulación de la transferencia de concesiones de agua.
El eje del conflicto es la prohibición de transmitir estos permisos entre particulares. La propuesta original estipula que los títulos revertirán al Estado para que la CONAGUA los redistribuya. Para los agricultores, este mecanismo anula el valor real de la tierra, al desvincularla del recurso hídrico, vulnerando derechos patrimoniales y facilitando posibles abusos por parte de grandes corporaciones.
Las modificaciones introducidas por los diputados oficialistas, aunque incluyen salvaguardas para herencias y ventas, no han disipado totalmente el malestar. El dictamen mantiene la eliminación de la transmisión directa, pero permite conservar derechos de volumen, uso y plazo en dichos actos. También plantea la regularización de pozos y concesiones existentes, prometiendo que los cambios no serán retroactivos para trámites en curso.
Además, la iniciativa refuerza el papel de la CONAGUA, otorgándole la facultad exclusiva para analizar y autorizar la reasignación de volúmenes. Este punto ha generado un fuerte rechazo, al ser visto como una centralización excesiva que limita la autonomía de los productores y de los gobiernos locales en la gestión de un recurso estratégico.
Las mesas de diálogo instaladas recientemente son un espacio frágil. El Congreso navega entre presiones contrapuestas: la firmeza del Ejecutivo en los puntos esenciales y la amenaza latente de un sector agrícola que demostró su capacidad de movilización, paralizando vías de comunicación en más de 20 entidades y advirtiendo sobre pérdidas económicas millonarias.
Colectivos como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han sido contundentes: si perciben incumplimiento o engaño, reactivarán las movilizaciones con mayor intensidad. En este clima de incertidumbre, la discusión en comisiones legislativas no solo definirá el futuro de la política hídrica, sino también la estabilidad social en numerosas regiones productoras del país.
