El Senado de la República concluyó el trámite legislativo de la nueva Ley General de Aguas, al aprobarla tanto en lo general como en lo particular. Este paso decisivo se produce después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio, enviando la minuta a la Cámara alta para su revisión final. Con esta acción, el dictamen queda listo para ser remitido al Ejecutivo Federal, quien deberá decidir sobre su promulgación y entrada en vigor, marcando un hito en la actualización del marco normativo que regula uno de los recursos más vitales y estratégicos del país.
La votación en el pleno senatorial reflejó un escenario de división política. Para la aprobación en lo general se registraron 86 votos a favor y 36 en contra. Posteriormente, en la discusión y votación en lo particular, la iniciativa recibió 82 apoyos y 34 rechazos, sin que se contabilizaran abstenciones en ninguno de los dos casos. Estos números confirman el respaldo mayoritario de la coalición gubernamental, mientras que la oposición se manifestó de manera unánime en contra del proyecto, argumentando una serie de objeciones de fondo sobre su contenido y sus posibles consecuencias.
El núcleo de la nueva legislación consiste en una reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales. Entre sus disposiciones más destacadas y polémicas se encuentra la modificación al régimen de concesiones. La ley establece que los derechos de uso y aprovechamiento del agua, otorgados mediante concesión, no podrán transmitirse automáticamente junto con la venta de un terreno o propiedad. Esta medida busca desvincular el derecho al agua del derecho de propiedad de la tierra, con el objetivo declarado de prevenir la especulación y garantizar que la autoridad hídrica mantenga el control sobre la asignación del recurso. Asimismo, se prohíbe explícitamente el compartir el agua con otras personas o comunidades fuera de los términos estrictos de la concesión, una práctica que, según los promotores de la ley, generaba circuitos informales y opacos en la distribución.
Durante la sesión, los senadores de los partidos de oposición presentaron una postura crítica unificada. Argumentaron que varias de las disposiciones de la ley son inconstitucionales y advirtieron sobre impactos económicos negativos. Una de las alertas más recurrentes fue que el nuevo marco regulatorio, al restringir y complicar el acceso seguro al agua para proyectos productivos, podría desincentivar la inversión y evitar que nuevas empresas, especialmente aquellas con alto consumo hídrico, se establezcan en México. Señalaron que esto podría afectar la generación de empleo y el desarrollo económico en diversas regiones.
El senador Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, centró sus críticas en la operatividad de la ley. Afirmó que el dictamen no contempla un presupuesto adicional asignado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a pesar de que, a su juicio, la norma le carga de nuevas responsabilidades y facultades. “Lo que hace la ley es cargarle toda la responsabilidad a la Conagua, que es una institución que se debilita año con año por este mismo gobierno”, manifestó. También cuestionó que la normativa no garantiza mecanismos efectivos para priorizar el agua de ciertos mantos acuíferos para las comunidades más pobres, y sostuvo que viola el derecho a la consulta de los pueblos originarios en materia de recursos naturales.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, enfatizó una crítica basada en la defensa de la propiedad privada. Alertó que la desaparición de la transmisión de derechos de agua entre particulares representa, en la práctica, una afectación a los derechos de los propietarios de la tierra, ya que limita su capacidad para disponer libremente de un bien asociado a su propiedad. Esta perspectiva fue compartida por otros legisladores opositores, quienes acusaron a la mayoría morenista de impulsar la aprobación sin un análisis minucioso. El senador Gustavo Sánchez llegó a criticar que la “aplanadora morenista” ni siquiera había leído en detalle la minuta enviada desde San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados.
Con la aprobación del Senado, el proceso legislativo ordinario para esta ley ha concluido. La pelota está ahora en la cancha del Poder Ejecutivo Federal, que deberá realizar el examen de constitucionalidad y conveniencia del decreto. De promulgarla, comenzaría un periodo crucial de implementación y reglamentación, donde se definirán los detalles operativos que darán forma concreta a los principios establecidos en la ley. El debate público, lejos de cerrarse, probablemente se trasladará a este nuevo escenario, mientras los diversos sectores sociales, económicos y académicos evalúan el impacto real de una normativa que busca redefinir la relación de México con su agua en el siglo XXI.
