Una Ley Nacida entre la Prisa y la Protesta
Desde mi experiencia observando la política hídrica en México, he visto cómo los decretos apresurados suelen sembrar más dudas que certezas. La reciente aprobación de la Ley General de Aguas por la mayoría oficialista no es la excepción. Recuerdo otros momentos en que la urgencia legislativa dejó fuera voces cruciales, y los resultados, a la larga, fueron parches que no resolvieron el problema de fondo. El gobierno actual argumenta que esta normativa brindará certidumbre jurídica a los productores del campo y pondrá orden en el caos hidráulico, una promesa loable pero que choca con una realidad palpable: cuando las comunidades no son consultadas a profundidad, la desconfianza florece.
La Brecha entre el Discurso Oficial y el Temor en el Territorio
La secretaria Rosa Icela Rodríguez salió a defender la iniciativa, hablando de mesas de diálogo y apoyo al sector agropecuario. He participado en muchas de estas mesas a lo largo de los años, y una lección clara es que deben ser previas, no posteriores, a la toma de decisiones. El verdadero reto no es anunciar apoyo, sino construir confianza legítima. Mientras, del otro lado, la voz de actores como Cuauhtémoc Jacobo Femat, de la Contraloría Social Autónoma del Agua en Yucatán, señala el meollo del asunto: la ley parece eludir el espinoso tema del sobreconcesionamiento a grandes corporaciones. En la práctica, he visto cómo el acaparamiento del líquido por parte de la industria agrava la escasez para las poblaciones locales, un patrón que esta regulación, según sus críticos, no rompe.
Reflexiones desde la Trinchera: Control vs. Derecho
La acusación del senador Manuel Añorve de que se busca “controlar a la gente” resuena en un sentimiento histórico. La gestión del agua nunca es solo técnica; es profundamente política y social. Una ley que se percibe como un instrumento de control central, en lugar de una herramienta para la distribución equitativa y la reparación ambiental, está condenada a la resistencia. La sabiduría práctica nos dice que cualquier marco legal sobre un recurso tan vital debe, ante todo, reconocer y reparar los daños históricos, y garantizar mecanismos claros de rendición de cuentas. De lo contrario, como he visto antes, solo estaremos añadiendo otro capítulo a un largo conflicto entre el discurso oficial y la defensa comunitaria del patrimonio hídrico.
