Los gobiernos de México y Estados Unidos han establecido un nuevo marco operativo para contrarrestar amenazas de seguridad compartidas, con un enfoque particular en la creciente peligrosidad de los sistemas aéreos no tripulados. Como resultado de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, celebrada el pasado 11 de diciembre, las naciones acordaron integrar sus plataformas analíticas y compartir inteligencia de manera sistemática para prevenir y responder a ataques con drones en la región fronteriza. Este paso refleja una evolución táctica ante la adopción de tecnología por parte de las organizaciones criminales, que utilizan estos dispositivos para vigilancia, contrabando y lanzamiento de artefactos explosivos, un fenómeno documentado en estados como Michoacán.
La delegación mexicana fue encabezada por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que la representación estadounidense fue liderada por el embajador Ronald Johnson. El diáfono técnico permitió analizar desafíos emergentes para la seguridad global, trascendiendo el enfoque tradicional para incorporar respuestas a riesgos tecnológicos. El compromiso incluye no solo la interconexión de sistemas, sino también la estandarización de protocolos de alerta temprana, un detalle crucial para la efectividad operativa en tiempo real.
Paralelamente, los equipos negociadores se comprometieron a agilizar sustancialmente los procesos de colaboración jurídica. Esto implica profundizar y acelerar los procedimientos de extradición, así como intensificar la cooperación para el decomiso de activos y la investigación de delitos complejos como el robo de hidrocarburos, conocido localmente como huachicol. La decisión de establecer un calendario concreto, con un próximo encuentro fijado para enero de 2026, institucionaliza este mecanismo y le otorga continuidad más allá de los ciclos políticos.
Un objetivo declarado de máxima prioridad es desmantelar las redes financieras que sustentan a las organizaciones criminales y a lo que el comunicado del Departamento de Estado estadounidense denomina “organizaciones terroristas extranjeras”. La estrategia se centra en interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas híbridas. En este contexto, la lucha contra el tráfico de fentanilo adquiere una dimensión central, dado su impacto mortal en Estados Unidos. Las autoridades afirmaron que el grupo de trabajo está implementando medidas decisivas contra instituciones financieras y personas cómplices en toda la cadena de suministro, desde la fabricación y distribución hasta la venta de esta sustancia y sus precursores químicos.
El embajador Ronald Johnson, a través de la red social X, valoró positivamente los avances, señalando que “la coordinación profunda con México da resultados”. Añadió que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la reunión reafirma el compromiso con el trabajo conjunto para la seguridad y prosperidad de ambas naciones. Este tono destaca la voluntad política de mantener la agenda de seguridad como un pilar estable en la relación bilateral.
Otro capítulo sustantivo de la discusión fue la revisión de los avances en el combate al tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos hacia México. Ambas partes acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información específica sobre rutas, métodos y actores involucrados en este flujo, además de continuar con las operaciones conjuntas para la incautación de armas y municiones. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México subrayó que toda esta cooperación se sustenta en principios fundamentales: el respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, la confianza mutua, la cooperación sin subordinación y la responsabilidad compartida. Estos principios constituyen la base política sobre la que se construye la colaboración técnica y operativa, equilibrando la urgencia de la acción con el marco jurídico de cada país.
En conjunto, estos acuerdos representan un plan de acción integral que busca atacar las amenazas de seguridad desde múltiples frentes: el tecnológico, con los drones; el sanitario y social, con el fentanilo; el jurídico, con las extradiciones; y el de violencia armada, con el tráfico de armas. La meta declarada es mejorar el bienestar de los ciudadanos a ambos lados de la frontera mediante una cooperación más ágil, profunda y estructurada, reconociendo que la naturaleza transnacional del crimen organizado exige respuestas igualmente transnacionales y coordinadas.
