El empresario Raúl Rocha Cantú, actualmente prófugo de la justicia por su presunta implicación en una red de tráfico de hidrocarburos, armas y estupefacientes, mantendrá su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR). Esto es posible gracias a una suspensión provisional concedida por el juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Mario Jorge Melo Cardoso.
Esta determinación judicial preserva, por ahora, el acuerdo de testigo colaborador que le fue otorgado durante la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero. La medida se dictamina mientras se resuelve el amparo que el propio Rocha interpuso el pasado 12 de diciembre. El empresario fundamentó su petición en la necesidad de declarar mediante videoconferencia, citando riesgos potenciales para su integridad física.
Decisión judicial en la era digital
El magistrado Melo Cardoso estableció que, hasta que no se emita un fallo sobre la suspensión definitiva, Rocha Cantú no podrá ser compelido a presentarse físicamente ante los fiscales. Tampoco podrá ser detenido, ni se le impondrán medidas disciplinarias, coercitivas o sanciones por no acudir a la citación ministerial original.
El nuevo paradigma del testimonio protegido
La resolución judicial especifica que el Ministerio Público puede seguir recabando su declaración mediante plataformas de videollamada o cualquier otro recurso tecnológico que no exija su presencia corporal ni restrinja su libertad. Este marco garantiza la protección del colaborador y ejemplifica cómo la justicia se adapta a los protocolos de seguridad digital, priorizando la obtención de información crucial sobre redes delictivas por encima de formalismos presenciales obsoletos.
