Desde mi experiencia en el análisis de la dinámica entre los poderes del Estado, he visto cómo los anuncios políticos chocan, una y otra vez, con la rigidez del marco jurídico. La reciente declaración del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, es un ejemplo de libro de texto. Él advierte con claridad que el Poder Ejecutivo carece de la atribución legal para revertir por sí solo el gravamen a los videojuegos que se aprobó en octubre como parte de la Ley de Ingresos. No es una cuestión de voluntad, sino de división de poderes, un principio que aprendí, a veces a las malas, que es el cimiento de nuestro sistema.
El núcleo del argumento jurídico de Monreal
En un documento público, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desglosó el problema. He comprobado que cuando un impuesto se plasma en una ley formal, como la Ley del IEPS, deja de ser una mera proyección de recaudación para convertirse en una obligación fiscal concreta. Monreal fue preciso: el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre retirar el tributo, argumentando dificultades técnicas para clasificar los títulos sujetos al cobro, genera un “problema jurídico”. El Ejecutivo no puede decidir no aplicar una contribución vigente, por más defectuoso que considere su diseño. Es una lección que muchos aprendemos: la buena intención no deroga la ley.
Monreal Ávila fue más allá, tocando un punto crucial que solo la práctica enseña: “La falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en ley”. En mis años, he visto cómo la ausencia de reglamentos o mecanismos de operación no anula la norma principal; solo crea un limbo administrativo complejo y, a menudo, litigioso.
El camino legal para una derogación
Derivado de este análisis, el legislador aclaró que el impuesto a los videojuegos con contenido violento tiene una base legal expresa y está autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026. Los hechos imponibles y la tasa del ocho por ciento están definidos. Por tanto, la vía no es la inaplicación por decreto, sino la modificación legislativa. Aquí es donde la sabiduría política entra en juego: Monreal señaló que coinciden con la reflexión de la Presidenta, por lo que el Poder Legislativo será quien modifique la ley para derogar el tributo. Es el clásico “desatranque” institucional: un poder señala el procedimiento correcto para cumplir la voluntad expresada por otro.
Conclusión y lección aprendida
“Coincidimos con su reflexión. El Congreso modificará la ley y, al recibir la iniciativa, votaremos sobre la probable derogación”, sentenció. Esta situación resume una lección vital que trasciende este caso: en un Estado de derecho, los fines, por loables que sean, no justifican saltarse los medios establecidos. La ruta, aunque parezca más lenta, fortalece la institucionalidad. El desenlace probable es la derogación, pero se hará con apego a la ley, cerrando el ciclo de manera legítima y evitando un precedente peligroso de confusión entre las facultades de los poderes. Esa es la verdadera gobernanza, la que se construye con paciencia y respeto al marco legal.
