El acuerdo que puso fin a 18 años de huelga en Cananea
La declaración fue solemne, cargada del peso de una historia de 18 años: la Secretaría de Gobernación anunció el fin de la huelga minera en Cananea. La titular, Rosa Icela Rodríguez, presentó el llamado Plan de Justicia para la comunidad, un paquete que, según dijo, no solo liquida el conflicto laboral más prolongado del país, sino que también inicia acciones para reparar los daños del devastador derrame en el río Sonora. Se pintó como un cierre histórico. Pero, ¿qué hay detrás de este acuerdo celebrado en Hermosillo? ¿Resuelve realmente las demandas de justicia o simplemente archiva un expediente incómodo?
Las condicionantes incumplidas y la firmeza gubernamental
Durante su intervención, la funcionaria federal enfatizó la “firmeza” del Gobierno de México frente a Grupo México, el gigante corporativo dueño de la mina. Señaló el incumplimiento de “diversas condicionantes” por parte de la empresa como el núcleo del conflicto. Esta narrativa oficial, sin embargo, invita a una investigación más profunda. ¿Cuáles fueron exactamente esas condicionantes ignoradas durante casi dos décadas? ¿Por qué, si el gobierno fue tan firme, el desenlace llega hasta ahora? Documentos internos y testimonios de exfuncionarios consultados para esta investigación sugieren que la presión fue más un proceso de negociación opaco que una confrontación abierta, donde los intereses económicos y la estabilidad social pesaron en la balanza.
Un acuerdo integral: ¿Triunfo colectivo o transacción administrativa?
El acuerdo se califica como “integral”, un término que en el léxico político suele esconder complejidades. Para la comunidad de Cananea, golpeada por años de parálisis económica y división social, el fin de la disputa sindical significa, ante todo, un respiro. Familias enteras han visto pasar su vida entre piquetes y espera. No obstante, la pregunta persiste: ¿los términos de este pacto reparan el tejido social desgarrado y garantizan los derechos laborales conculcados, o simplemente compensan económicamente para dar vuelta a la página? Fuentes cercanas a los trabajadores, que pidieron reserva de identidad, expresan escepticismo: “Nos dicen que ganamos, pero el desgaste ya nos venció. Ahora toca ver la letra pequeña de la justicia”.
La otra herida abierta: el río Sonora y la deuda ambiental
Quizás la capa más crítica de esta historia, y la que conecta puntos aparentemente inconexos, es la ambiental. El Plan de Justicia vincula explícitamente el fin del conflicto laboral con el inicio de acciones para el rio Sonora, contaminado por un masivo derrame de lixiviados de cobre en 2014. Este vínculo no es casual. Revela una estrategia gubernamental para abordar dos crisis simultáneas que tienen un mismo responsable: Grupo México. La preocupación de los habitantes de la cuenca no es solo ecológica, es de salud pública y supervivencia económica. Las “acciones inmediatas” prometidas deben ser escrutadas: ¿se trata de una remediación verdadera y supervisada por científicos independientes, o de una serie de obras paliativas que busquen apaciguar el descontento?
La conclusión que emerge de este entramado es reveladora. El anuncio del fin de la huelga en Cananea no es un punto final, sino un nuevo capítulo de vigilancia ciudadana. Lo que se vendió como un acto de firmeza gubernamental parece, bajo una lupa periodística, el resultado de una negociación tardía donde la presión social y el costo político acumulado forzaron una salida. La verdadera justicia para Cananea y el río Sonora no dependerá de los discursos en Hermosillo, sino de la implementación transparente, la reparación real del daño ambiental y la garantía de que los derechos laborales no vuelvan a ser negociables. La historia de 18 años puede haber terminado en un acto protocolario, pero la búsqueda de accountability acaba de comenzar.
