Más de cinco décadas después de la tragedia de Tlatelolco, la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México dejó una nueva capa de daños, esta vez sobre el comercio local. ¿Qué sucedió realmente ese día tras el paso de la marcha? La versión oficial habla de actos vandálicos y anuncia apoyos. Pero una mirada más profunta, que escarba entre documentos y testimonios, revela una historia de cifras contrapuestas y una recuperación que apenas comienza.
La administración capitalina ha hecho público el desembolso de subvenciones por un monto total de 932 mil 363 pesos a ocho propietarios de establecimientos comerciales damnificados. Los beneficiarios, tres mujeres y cinco hombres, vieron sus locales afectados en elementos como puertas metálicas, estructuras de aluminio y cristales. Las cantidades, publicadas en la Gaceta Oficial y que oscilan entre 9 mil 860 y 243 mil 185 pesos, se determinaron tras un censo realizado por la Subsecretaría de Programas de Alcaldías. La pregunta que surge de inmediato es: ¿esta evaluación captura la totalidad del perjuicio?
La sombra del “bloque negro” y un censo bajo lupa
Las autoridades atribuyen los destrozos a grupos encapuchados, comúnmente identificados como “bloque negro”, que se infiltraron en la movilización pacífica. Sin embargo, la investigación periodística debe ir más allá de la simple atribución. ¿Quiénes integran estos colectivos? ¿Cuál es su motivación específica para atacar el comercio? El censo gubernamental, herramienta base para la reparación, merece un escrutinio independiente. ¿Fue exhaustivo o solo logró cuantificar los daños más evidentes y accesibles?
La brecha abismal entre el apoyo y la pérdida real
Aquí es donde la narrativa oficial comienza a mostrar fisuras. Mientras el gobierno destina poco menos de un millón de pesos, los propios afectados, agrupados en la Cámara Nacional de Comercio de la CDMX (Canaco), pintan un panorama devastador. Sus estimaciones hablan de alrededor de 50 locales comerciales perjudicados, con especial saña contra joyerías y comercios con vitrinas. El monto de los daños materiales y saqueos supera, según su cálculo, los 4.3 millones de pesos. Pero la revelación más impactante está en el impacto indirecto: el cierre preventivo de más de 3,400 negocios generó pérdidas por encima de los 16.7 millones de pesos. Una cifra que el apoyo estatal no alcanza ni a rozar.
Conclusión: Una recuperación económica en entredicho
Los estímulos financieros otorgados, aunque un gesto necesario, parecen una gota en el océano frente al verdadero impacto económico desatado. La historia que emerge no es solo la de unos vidrios rotos y cortinas abolladas. Es la crónica de una vulnerabilidad recurrente del pequeño comerciante, atrapado entre la expresión social y la violencia indiscriminada. La reconstrucción patrimonial anunciada con bombo y platillo en gacetas oficiales enmascara una realidad más compleja: la herida económica sigue abierta, y la confianza de quienes apuestan su sustento en el centro de la ciudad está, una vez más, hecha añicos. La verdadera reparación va mucho más allá de un cheque; requiere de respuestas claras, prevención efectiva y una justicia que hasta ahora parece elusiva.
