El legislador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este fuera captado en Houston, Texas, portando un bolso de la marca de lujo Hermès. Desde Europa, el diputado atribuyó las críticas a un odio político dirigido hacia la figura del expresidente y su proyecto, la Cuarta Transformación, y no a un escrutinio legítimo sobre el patrimonio o las conductas privadas de sus familiares. En una transmisión en vivo, Noroña planteó una pregunta retórica para enmarcar el debate: “¿Qué nivel de odio le tienen al compañero Andrés Manuel López Obrador?”. Según su análisis, la animadversión hacia el líder político se canaliza hacia sus hijos y seres queridos, en un intento por desgastar simbólicamente su imagen. Este episodio, en su opinión, se inserta en una narrativa de confrontación donde cualquier acción de los allegados al expresidente es utilizada como munición por sus opositores. El punto central de la defensa de Noroña se basa en la distinción entre la vida pública y la privada. Argumentó que José Ramón López Beltrán lleva siete años alejado de cualquier actividad política, no ocupa un cargo público ni aspira a uno, y vive de manera permanente en Estados Unidos. Por lo tanto, subrayó, no está sujeto a las obligaciones de rendición de cuentas que sí corresponden a un funcionario. “Si su ingreso le permite comprarlo, que se lo compre”, afirmó el diputado respecto al bolso, enfatizando que el hijo del expresidente tiene derecho a disponer de sus recursos personales como cualquier ciudadano. Esta no es la primera ocasión en que el estilo de vida de López Beltrán genera controversia. En agosto de 2025, sus vacaciones en Cancún fueron ampliamente comentadas en redes sociales y medios. En esa oportunidad, el hijo del expresidente se hospedó en el complejo The Grand Mayan, donde las tarifas nocturnas pueden oscilar entre los 9,800 y los 30,000 pesos, dependiendo de la categoría de la suite. Ante las críticas, López Beltrán salió al paso aclarando su situación: “No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia”, escribió en su cuenta de X. La réplica de Noroña pone sobre la mesa una discusión recurrente en la esfera política: los límites del escrutinio sobre la familia de los líderes. Por un lado, existe la postura que considera que, al ser figuras públicas y símbolos de un movimiento que enarboló la bandera de la austeridad republicana como principio de gobierno, sus conductas privadas de alto consumo generan una contradicción perceptiva y son materia de interés público. Por otro lado, se esgrime el derecho a la privacidad y a una vida independiente de los familiares, quienes no han sido electos por votación popular. El análisis de este episodio revela la tensión permanente entre la imagen proyectada de un movimiento político y las realidades individuales de sus miembros más cercanos. La defensa de Noroña busca desvincular la acción crítica de un juicio sobre hechos concretos, para enmarcarla en una dinámica de conflicto político más amplia. Sin embargo, el episodio persiste como un recordatorio de cómo los símbolos de estatus y consumo pueden convertirse en herramientas de debate político, trascendiendo la mera anécdota para alimentar narrativas sobre coherencia, privilegio y la siempre compleja relación entre la vida personal y la herencia política de una figura transformadora.
