El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ocurrido la mañana del 28 de diciembre, ha dejado al descubierto serias interrogantes sobre las condiciones de operación y seguridad del servicio. Según el testimonio directo de un sobreviviente recogido en el lugar de los hechos, la máquina “venía muy fuerte” minutos antes del accidente, lo que sugiere una posible falla en los sistemas de frenado o un exceso de velocidad en un tramo crítico de la vía. El incidente, localizado a la altura de Nizantla, resultó en la muerte de 13 personas y en más de un centenar de heridos, muchos de los cuales permanecen hospitalizados.
Los detalles proporcionados por los testigos son cruciales para la investigación en curso. Se reporta que al menos tres vagones se salieron de las vías, con la particular gravedad de que uno de ellos cayó al fondo de un barranco, complicando enormemente las labores de rescate y recuperación. La escena, descrita como caótica en los primeros momentos, obligó a los propios pasajeros y a los primeros respondedores a realizar esfuerzos inmediatos para auxiliar a las víctimas que yacían en el terreno accidentado.
Desde el punto de vista técnico y operativo, la Secretaría de Marina, encargada del proyecto, informó que la máquina principal se salió de la denominada Línea Z. A bordo del convoy, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones, viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros. La magnitud de la cifra de afectados subraya la gravedad del suceso y plantea cuestionamientos inevitables sobre los protocolos de capacidad, mantenimiento de la flota y supervisión de la velocidad en trayectos complejos. La respuesta médica fue rápida, coordinándose la atención en el sitio para nueve personas y el traslado a hospitales de 108, de las cuales 44 requirieron permanecer internadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto, lamentando las pérdidas humanas y prometiendo una investigación rigurosa para determinar las causas precisas del accidente. En sus declaraciones, se comprometió no solo a brindar atención integral y seguimiento a los sobrevivientes y acompañamiento a las familias de las víctimas, sino también a analizar el estado general de las vías férreas. Este último punto es fundamental, ya que la infraestructura ferroviaria, sometida a un uso intensivo y a factores climáticos, requiere inspecciones y mantenimiento constantes para prevenir este tipo de tragedias.
La Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación, un paso formal que busca esclarecer si existieron fallas mecánicas, errores humanos, negligencias en el mantenimiento de la infraestructura o una combinación de estos factores. El análisis deberá ser meticuloso, examinando las cajas negras de las locomotoras, los registros de velocidad, los reportes de mantenimiento reciente y las condiciones meteorológicas y del terreno en el momento del hecho.
Este accidente impacta directamente en la credibilidad y la percepción de seguridad de un proyecto estratégico para el país, como es el Corredor Interoceánico. Más allá de las cifras, que ya de por sí son dramáticas, el evento obliga a una revisión profunda de todos los protocolos de seguridad operativa. La confianza del público en el transporte ferroviario, especialmente en una obra de esta envergadura, se construye día a día con operaciones impecables y se puede fracturar en un solo incidente. La transparencia en la investigación y la implementación de medidas correctivas concretas serán los únicos caminos para recuperarla y, sobre todo, para garantizar que una tragedia de esta naturaleza no se repita.
