Un Enfoque Disruptivo sobre la Reparación y la Confianza Institucional
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó un desafío directo al paradigma convencional de la litigación post-desastre: afirmó que los familiares de los fallecidos y lesionados en el accidente del Ferrocarril Interoceánico no requieren contratar defensores privados. ¿Por qué? Porque el Gobierno de México, actuando a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se ha erigido como su representante integral, ofreciendo acompañamiento y respaldo completo. Esto no es solo una medida administrativa; es un experimento audaz en justicia ágil, que cuestiona si la intermediación legal tradicional es siempre la ruta más eficaz para la reparación.
¿Una Investigación Proactiva que Cambia las Reglas del Juego?
En su informe, la mandataria detalló que, tras el siniestro del 28 de diciembre de 2025—con un saldo trágico de 14 personas sin vida y 11 aún hospitalizadas—, la Fiscalía General de la República (FGR) activó de oficio una indagatoria. Esta acción proactiva elimina la carga burocrática y emocional de que los dolientes inicien el proceso. Imaginemos un sistema donde el Estado no espera a ser demandado, sino que asume inmediatamente el rol de investigador y garante. Este movimiento, sin embargo, ocurre en paralelo a la decisión de algunos familiares de presentar denuncia formal este lunes, un recordatorio de que la confianza institucional se construye en tiempo real.
“La Fiscalía tiene la obligación de investigar. Está realizando peritajes especializados con el apoyo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar la causa y deslindar responsabilidades”, explicó Sheinbaum, conectando los puntos entre la investigación técnica y la justicia futura.
Desafiando el Ecosistema de la Litigación Post-Traumática
La Presidenta abordó con franqueza un fenómeno poco discutido: la “depredación legal” en momentos de vulnerabilidad. Advirtió sobre bufetes que, prometiendo mayores compensaciones, terminan erosionando las indemnizaciones con comisiones sustanciales. “En este caso no lo necesitan. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas tendrán todo el apoyo”, afirmó. Esta postura es revolucionaria: propone un modelo de defensa unificada y estatal que, en teoría, prioriza el bienestar de la víctima sobre el lucro. ¿Podría este enfoque inspirar un nuevo estándar en la gestión de crisis públicas?
Reveló que el Ferrocarril Interoceánico cuenta con una doble red de seguridad financiera: un seguro para la atención inmediata y otro para la cobertura del accidente. Pero fue más allá, anunciando que el Estado garantizará una reparación integral del daño que trascienda los límites de las pólizas. “Va a haber reparación integral y apoyo a todas las familias. Hay comunicación permanente”, señaló, estableciendo un compromiso que busca cerrar las brechas de la compensación meramente económica.
Hacia un Modelo de Atención Continuo y Directo
Sheinbaum aseguró que, hasta ahora, no hay reclamos formales, pues cada núcleo familiar tiene un enlace gubernamental para seguimiento personalizado, incluyendo los casos de hospitalización. Un primer apoyo económico ya fue entregado. Además, se habilitó una línea telefónica directa (55-22-30-2106) para cualquier afectado, un canal que busca democratizar el acceso a la ayuda y evitar la desinformación.
Sobre el monto final, la Consejería Jurídica del gobierno federal negocia con la aseguradora, pero el dictamen definitivo de la reparación integral corresponderá a la Fiscalía, bajo el marco de la Ley General de Víctimas. “Más allá del monto del seguro, la Fiscalía determinará la reparación adicional”, concluyó. Esta visión no se conforma con resarcir; aspira a restaurar, proponiendo un camino donde el Estado asume un papel protagónico, activo y, en teoría, más alineado con los intereses de los ciudadanos afectados. El tiempo y la transparencia del proceso serán los jueces finales de esta innovadora apuesta.
