Tamaulipas enfrenta la octava tasa más alta de mortalidad por COVID-19 en México

Un análisis de los datos del INEGI correspondientes a 2024 sitúa a Tamaulipas en una posición crítica dentro del panorama sanitario nacional. El estado se consolidó como la octava entidad federativa con la tasa de mortalidad más elevada atribuible al COVID-19, registrando 1.37 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra no solo supera el promedio nacional, establecido en 1.10, sino que delinea un escenario de salud pública que demanda una evaluación profunda.

El contexto general de mortalidad en Tamaulipas el año pasado arrojó un total de 22,222 defunciones. Dentro de esta cifra global, el coronavirus se erigió como un componente significativo entre las causas de muerte por enfermedades infecciosas, subrayando su persistente relevancia como factor de riesgo poblacional. Otras entidades que presentaron tasas superiores incluyen a Baja California Sur con 2.05, Colima con 2.04, y la Ciudad de México con 1.96, seguidas por Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro.

Una disección más detallada de las defunciones por COVID-19 revela patrones demográficos inequívocos. El 66.4% de estas muertes correspondió a personas de 65 años o más, un dato que enfatiza la vulnerabilidad intrínseca de los segmentos etarios avanzados frente al virus. Asimismo, la distribución por sexo mostró una disparidad notable: los hombres constituyeron el 60.6% del total de fallecimientos, mientras que las mujeres representaron el 39.4%, una brecha que invita a reflexionar sobre posibles factores biológicos, de exposición o de comorbilidad diferenciados.

Para comprender el cuadro completo de la salud en Tamaulipas, es imperativo situar al COVID-19 dentro del espectro más amplio de las principales causas de muerte. Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, los padecimientos hepáticos y los eventos cerebrovasculares configuran el perfil epidemiológico dominante. En concreto, en lo que respecta a las enfermedades cardíacas, el estado ocupa el undécimo lugar a nivel nacional, con una tasa de 156.8 defunciones por cada 100,000 habitantes, que nuevamente se sitúa por encima del promedio del país, fijado en 148.

Esta superposición de desafíos, donde el COVID-19 actúa como un factor de presión adicional sobre un sistema ya afectado por la alta incidencia de enfermedades crónicas, expone las vulnerabilidades estructurales del sector salud en la entidad. La posición dentro del grupo de los diez estados con mayor mortalidad por el virus no es un dato aislado; es un síntoma de problemas subyacentes más profundos. Este escenario implica la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención, con especial énfasis en las campañas de vacunación y en la diseminación de información veraz y accesible. El monitoreo activo y la protección de la población vulnerable, especialmente los adultos mayores y aquellos con condiciones de salud preexistentes, se convierte en una línea de acción prioritaria.

La implementación de políticas de atención eficiente para enfermedades respiratorias agudas, como el COVID-19, y su intersección con las enfermedades crónicas no transmisibles, es otro pilar fundamental. No se puede abordar una crisis sin considerar la otra; la carga que genera el coronavirus se potencia cuando coexiste con padecimientos como la diabetes o las cardiopatías, muy prevalentes en la población tamaulipeca. La atención primaria debe evolucionar hacia un modelo integrador que gestione estos riesgos de manera simultánea.

Aunque el reporte del INEGI refleja la situación de 2024, su mensaje tiene una vigencia absoluta: el COVID-19 mantiene un peso sustancial en la mortalidad estatal. El reto que se le presenta a Tamaulipas es, por naturaleza, multidimensional. No se trata únicamente de contener los contagios y reducir las muertes directamente ligadas al virus, sino de emprender una transformación más ambiciosa. El objetivo final debe ser fortalecer la resiliencia de todo el sistema de salud pública. Esto implica reducir las brechas en el acceso a la atención médica, optimizar los recursos disponibles y garantizar que los grupos más expuestos reciban la protección y el cuidado que requieren. La información estadística, en este caso, no es solo un registro del pasado, sino una hoja de ruta ineludible para el futuro.

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