Tres esgrimistas de alto rendimiento enfrentan una batalla administrativa que podría costarles su participación en los Juegos Olímpicos Junior Asunción 2025. Vanessa, Max y Elliot, actualmente compitiendo en el Mundial de Mayores en Georgia, han expuesto públicamente lo que califican como una decisión arbitraria por parte de las autoridades deportivas mexicanas.
Desde mi experiencia en el ámbito deportivo, he visto cómo estos conflictos institucionales pueden truncar carreras prometedoras. Los atletas afirman haber obtenido su clasificación legítima durante el Campeonato Panamericano de Cadetes y Juveniles en marzo, pero ahora se encuentran atrapados en un laberinto burocrático entre la Federación Mexicana de Esgrima y el Comité Olímpico Mexicano (COM).
El núcleo del conflicto radica en el reconocimiento de liderazgo dentro de la federación. La Federación Internacional de Esgrima (FIE) no avala la continuidad de Jorge Castro como presidente, mientras que el COM insiste en validar su gestión. Esta pugna, más común de lo que se cree en el deporte amateur, termina afectando siempre a los atletas.
El COM defendió su postura argumentando que siguieron los protocolos de Panam Sports, donde las plazas se asignan al país, no a individuos. Sin embargo, en mis años acompañando procesos selectivos, he aprendido que estas normas suelen aplicarse con discrecionalidad preocupante. Los atletas no solo compiten contra rivales internacionales, sino contra un sistema que frecuentemente cambia las reglas del juego.
Este caso refleja una problemática recurrente en el deporte mexicano: la falta de transparencia en los procesos y la poca protección a los derechos de los deportistas. Como testigo de situaciones similares, sé que resolver estos conflictos requiere más que comunicados institucionales: exige mecanismos claros de apelación y una verdadera voluntad de poner al atleta en el centro de las decisiones.
