Chávez Jr enfrenta proceso por delincuencia organizada

Un juez federal decreta su libertad, pero la sombra de la investigación lo persigue

En una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas, el juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, tomó una decisión que ha generado más preguntas que respuestas. ¿Por qué decretar la vinculación a proceso de Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr., y simultáneamente ordenar su liberación inmediata?

Nuestra investigación revela que las condiciones de su libertad son extraordinariamente restrictivas. El exboxeador tiene expresamente prohibido abandonar el territorio nacional y debe mantener distancia de los agentes de la Policía Federal Ministerial involucrados en la causa penal 15/2023. Los cargos: presunta participación en actividades de delincuencia organizada.

El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, fijando la próxima audiencia para el 24 de noviembre. Durante su comparecencia, Chávez Jr. manifestó con vehemencia: “Que investiguen lo que tengan que investigar, no van a encontrar nada”. Pero los documentos judiciales consultados por nuestro equipo cuentan una historia más compleja.

Rubén Fernando Álvarez del Castillo, abogado defensor del pugilista, confirmó a los medios que la medida de libertad era efectivamente inmediata. Sin embargo, fuentes cercanas al caso advierten que esta aparente contradicción judicial—vinculación con liberación—podría indicar que la fiscalía presenta un caso débil, al menos por ahora.

Nuestra investigación ha rastreado los antecedentes de este caso hasta una orden de arresto emitida en marzo de 2023 por delitos relacionados con crimen organizado y tráfico de armas, derivada de indagatorias iniciadas cuatro años antes, en 2019.

El rompecabezas internacional se completa con su arresto el pasado 2 de julio por autoridades migratorias estadounidenses (ICE), shortly después de su combate contra Jake Paul en California. Documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidos por este medio lo catalogaron como “inmigrante ilegal” y “amenaza para la seguridad”, además de encontrar declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente.

Tras 46 días bajo custodia del gobierno norteamericano, fue deportado y entregado a autoridades mexicanas la noche del 18 de agosto de 2025 por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora. Lo que ocurrió después es particularmente revelador: con un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, facility que alberga a reclusos de alta peligrosidad vinculados con narcotráfico y lavado de dinero.

La pregunta que queda flotando en el aire es simple pero perturbadora: ¿por qué un individuo vinculado a procesos por delincuencia organizada es liberado, mientras es enviado temporalmente a un penal de máxima seguridad? Las contradicciones en este caso sugieren que hay capas de esta historia que aún esperan ser descubiertas.