Del Escenario al Juzgado: Cuando el Patrimonio Compartido se Convierte en un Campo de Batalla
Más allá de los titulares sensacionalistas, el conflicto legal entre Mireddys González y Daddy Yankee revela una fractura profunda en el modelo tradicional de gestión del patrimonio artístico. ¿Qué sucede cuando la maquinaria corporativa construida alrededor de un ícono se enfrenta a las reivindicaciones de quienes ayudaron a cimentarla? Este no es un simple pleito por dinero; es un caso de estudio sobre la vulnerabilidad de los acuerdos privados en un ecosistema de alta tensión financiera.
El litigio reactivado cuestiona los límites de los acuerdos posteriores al retiro de la estrella del reggaetón.
La controversia jurídica ha tomado un rumbo sorprendente. A pesar de indicios previos de acuerdos entre las partes, González ha interpuesto una nueva demanda ante el Tribunal Federal de San Juan, Puerto Rico, reclamando una indemnización de 50 millones de dólares al célebre intérprete.
Según la documentación presentada, la acusación central es que se orquestó una estrategia para anular un convenio previo, privándola de recursos que ya habían sido acreditados en su cuenta personal. Los reportes detallan que las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, INC., pilares de la trayectoria del artista, aprobaron en diciembre de 2024 una distribución de dividendos por 100 millones de dólares. Este monto, destinado a ser dividido entre los accionistas González y Ramón Luis Ayala (Daddy Yankee), fue transferido inicialmente a sus cuentas respectivas.
El núcleo del conflicto estalla en la siguiente fase: los fondos, tras ser depositados correctamente en la cuenta de Mireddys, fueron retirados sin autorización apenas un día después. Su postura legal argumenta que esto no fue un desliz operativo, sino una maniobra coordinada entre el cantante y FirstBank para impedirle el acceso a un capital que considera de su legítima propiedad.
La demanda también incluye a Oriental Bank, sosteniendo que el bloqueo de los activos fue resultado de presiones indebidas ejercidas por Daddy Yankee sobre las instituciones financieras, logrando así una reversión ilícita de las transacciones.
Como consecuencia, González no solo exige la restitución de los 50 millones, sino también una compensación por daños, medidas cautelares para prevenir nuevas interferencias y una declaración judicial que establezca la ilegalidad de la operación bancaria revertida.
Este episodio contrasta con el acuerdo alcanzado en octubre, que permitía al artista continuar utilizando sus marcas, nombre artístico y las siglas “DY” tras su anunciado retiro de la escena musical. Los litigios se originaron después de que Yankee demandara previamente a González y a su excuñada, alegando transferencias millonarias no consentidas y la destrucción de documentación corporativa.
