Los Alegres del Barranco enfrentan acusaciones por presuntos recursos ilícitos

La agrupación Los Alegres del Barranco enfrenta una nueva tormenta legal. Tras ser vinculados a un proceso por apología del crimen, ahora la Fiscalía de Jalisco les investiga por presuntos recursos ilícitos, lo que derivó en el congelamiento de más de 5.8 millones de pesos, ganancias de su concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, donde proyectaron imágenes de líderes criminales.

Este caso no es aislado. En mis años cubriendo la industria musical, he visto cómo el espectáculo y el crimen organizado a menudo entrelazan sus caminos. Julión Álvarez, por ejemplo, fue incluido en 2017 en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con narcotraficantes, lo que congeló sus activos en EE.UU. Aunque salió de la lista en 2022, el daño a su reputación fue irreversible.

Gerardo Ortiz también enfrentó señalamientos por actuar en eventos ligados al lavado de dinero. Su reciente declaración de culpabilidad en EE.UU. confirma un patrón preocupante. Incluso leyendas como Ramón Ayala y Vicente Fernández no escaparon de sospechas. Ayala fue detenido en una fiesta de “La Barbie”, mientras que Fernández fue investigado por su gira en España, aunque ambos quedaron libres.

El caso más grave es el de Ángel del Villar, fundador de DEL Records, quien se declaró culpable en EE.UU. por nexos con promotores ligados al narco y podría enfrentar 30 años de prisión. Estos casos demuestran que, más allá de la fama, el escrutinio legal no perdona. La lección es clara: en esta industria, las apariencias engañan, y las decisiones artísticas pueden tener consecuencias imprevistas.