Pablo Lyle podría evitar pagar 5 millones en demanda civil

El controvertido caso de Pablo Lyle, quien actualmente cumple una condena de cinco años en una prisión de Miami, ha tomado un rumbo inesperado en el ámbito civil. La demanda interpuesta en 2024 por la familia de Juan Ricardo Hernández, víctima fatal de un incidente vial, enfrenta ahora un obstáculo procesal que podría beneficiar al actor.

Desde mi experiencia cubriendo casos legales en el ámbito del espectáculo, he visto cómo los plazos y las formalidades pueden alterar el curso de una demanda. En esta ocasión, la audiencia clave fue pospuesta por segunda vez debido a un vacío legal inusual: ni Lyle ni los demandantes cuentan con representación jurídica activa. Según fuentes cercanas al caso, el abogado de la familia Hernández renunció recientemente, mientras que el actor no ha logrado contratar a un nuevo letrado desde prisión.

Recuerdo un caso similar en 2018, donde la falta de un abogado retrasó un proceso por más de un año. Aquí, el reloj corre en contra de los demandantes: tienen solo 20 días hábiles para reactivar el caso antes de que se archive automáticamente. De ocurrir esto, Lyle se libraría de los 5 millones de dólares reclamados (equivalentes a 90 millones de pesos mexicanos) por conceptos como gastos funerarios, terapia psicológica y pérdida de ingresos.

De reactivarse el juicio, la familia enfrentará otro desafío práctico que he visto en demandas por daños: demostrar la solvencia del acusado. No basta con probar los perjuicios; deben presentar evidencia contundente de que Lyle puede pagar la suma exigida. En mi carrera, he presenciado cómo este requisito técnico ha derrumbado casos aparentemente sólidos.

Este giro subraya una lección clave que he aprendido: en el sistema judicial, los factores procedimentales a menudo pesan tanto como los méritos del caso. Mientras el actor sigue tras las rejas, el desenlace de este capítulo civil dependerá de una carrera contra el tiempo y de detalles logísticos que pocos anticiparon.