Las autoridades francesas han emitido una severa advertencia al gigante del comercio electrónico Shein, indicando que podrían proceder al bloqueo total de su plataforma en el país. Esta medida extrema se contempla tras el descubrimiento de que el minorista vendía muñecas sexuales con una apariencia claramente infantil, un hallazgo que ha desencadenado una investigación judicial y una crisis reputacional para la empresa.
La Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Represión del Fraude, conocida por sus siglas DGCCRF, fue el organismo que identificó los productos ofensivos. En sus declaraciones, la agencia fue contundente al afirmar que las descripciones y la categorización de estos artículos en el sitio web no dejaban lugar a dudas sobre su naturaleza, que se encuadra en la pornografía infantil.
Tras este descubrimiento, la DGCCRF remitió de inmediato el caso a la fiscalía, iniciando un proceso que podría tener consecuencias legales muy graves para la compañía. La postura del gobierno francés se ha manifestado con firmeza a través del Ministro de Economía, Roland Lescure. En una intervención televisiva, Lescure explicó que la legislación nacional prevé explícitamente este tipo de sanciones para casos que involucren materiales de pornografía infantil, situándolos al mismo nivel de gravedad que el terrorismo o el narcotráfico. Subrayó que, de repetirse un incidente de esta magnitud, el ejecutivo no dudaría en solicitar la prohibición de Shein en el mercado francés, aplicando todo el peso de la ley. El marco legal en Francia otorga a las autoridades una capacidad de acción rápida y contundente.
Ante la detección de contenido ilegal, como es este caso, se puede ordenar a la plataforma digital su retirada en un plazo máximo de 24 horas. El incumplimiento de esta orden da pie a que los organismos reguladores requieran a los proveedores de servicios de internet y a los motores de búsqueda que bloqueen el acceso al sitio, efectivamente borrándolo del panorama digital nacional. Frente a estas acusaciones, Shein ha adoptado una postura de rectificación.
La empresa declaró que los productos en cuestión fueron retirados de la venta de forma inmediata en cuanto tuvieron conocimiento de la grave infracción. En un comunicado, la firma reiteró que mantiene una política de “tolerancia cero” hacia cualquier contenido que vulnere sus políticas internas o la legislación vigente. Sin embargo, este gesto llega después de que el regulador ya hubiera emitido un aviso formal instando a la plataforma a tomar medidas correctivas urgentes.
La ley francesa es particularmente severa con los delitos de esta índole. La distribución de materiales pornográficos infantiles a través de redes de comunicación electrónica conlleva penas que pueden alcanzar los siete años de prisión y multas de hasta 100.000 euros. Además, la DGCCRF señaló otro fallo crítico en la operación de Shein: la venta de otros productos pornográficos, incluidas muñecas sexuales de apariencia adulta, se realizaba sin ningún sistema efectivo de verificación de edad.
Esta falta de controles permite que menores de edad o audiencias sensibles puedan acceder libremente a dicho contenido, agravando la negligencia de la plataforma. La crisis estalla en un momento especialmente delicado para Shein. La compañía, fundada en China en 2012 y que ahora tiene su sede central en Singapur, se preparaba para la apertura de su primera tienda física permanente en Francia, ubicada en los prestigiosos grandes almacenes BHV Marais, en el corazón de París. Este evento, previsto para los días siguientes al escándalo, ya estaba generando una notable controversia.
Una petición en línea que protestaba por la llegada de la marca a la capital francesa había reunido más de 100.000 firmas, reflejando un malestar previo entre la ciudadanía y los comerciantes locales. Este incidente no hace sino añadir leña a un fuego que ya ardía. Shein, líder global en el sector de la moda rápida, se ha visto repetidamente cuestionada por sus prácticas laborales y su historial ambiental. Su modelo de negocio, basado en precios ultrabajos y un volumen masivo de producción, es visto con recelo por los minoristas tradicionales franceses, que argumentan que la empresa socava el tejido comercial local.
La venta de estos productos ilegales proporciona ahora un argumento de peso a sus detractores, que ven confirmadas sus sospechas sobre una presunta falta de control y ética corporativa. La apertura planeada en otras cinco ciudades francesas, a través de una colaboración con Galeries Lafayette, se enfrenta ahora a un escrutinio público y regulatorio infinitamente mayor.
