Una funcionaria municipal fue asesinada a tiros este pasado jueves 18 de diciembre, mientras participaba en una entrega de juguetes y una chocolatada para menores en la localidad de Sausal, región de La Libertad. El ataque, ocurrido alrededor de las 19:00 horas, también dejó a siete personas heridas, entre ellas cuatro niños cuyas edades oscilan entre los 7 y los 13 años.
Elena Rojas Alcalde, regidora de la zona, organizaba la verbena navideña cuando varios sujetos armados arribaron en motocicleta y abrieron fuego contra los asistentes. Aunque las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú apuntan a que Rojas era el objetivo principal del atentado, la violencia se ensañó con la comunidad reunida para celebrar las fiestas.
Las primeras versiones confirman que la edil falleció durante su estancia en el hospital, tras ser atendida en el lugar por testigos que se aproximaron a auxiliarla mientras descendía de un vehículo blanco. La escena posterior al ataque fue de caos y desolación. Uno de los niños heridos, con una bala en la pierna, yacía en la banqueta repitiendo entre llantos que le dolía, mientras la celebración se disolvía en un esfuerzo colectivo por trasladar a los afectados a centros médicos, utilizando incluso vehículos particulares.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad detalló que todos los menores lesionados fueron trasladados para recibir atención especializada. Mientras, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que asegura que la Policía Nacional ha desplegado toda su fuerza operativa y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los autores materiales de la balacera. El texto oficial señala que, inmediatamente después del hecho, se ejecutó un plan cerco y se reafirma el compromiso de actuar con firmeza dentro del marco legal hasta poner a los responsables a disposición de la justicia.
Este brutal episodio se enmarca en un contexto de creciente inseguridad que afecta al país. Perú enfrenta una ola de violencia que ha llevado al gobierno a decretar un estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Bajo el Decreto Supremo N° 140-2025-PCM, se prohíben los eventos masivos, aunque se permiten reuniones privadas y no masivas que no pongan en riesgo el orden público. Para cualquier actividad cultural, religiosa o deportiva que congregue a un número considerable de personas en espacios públicos, ahora se requiere un permiso especial de las autoridades locales, con el fin de garantizar condiciones de seguridad mínimas.
Esta medida, una respuesta directa al aumento de homicidios y extorsiones, implica la restricción temporal de algunos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio. El asesinato de Elena Rojas, a solo siete días de la Navidad, no es solo un acto de violencia política dirigida, sino un símbolo de cómo la crisis de seguridad irrumpe en los momentos más cotidianos y comunitarios, ensombreciendo las tradiciones y sembrando el miedo en espacios que deberían ser de protección y festejo. La investigación continúa abierta, con la presión de una ciudadanía que exige respuestas y una tregua a la violencia que carcome el tejido social.
