Bernardo Arévalo desmiente acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos

CIUDAD DE GUATEMALA — En mi experiencia cubriendo política migratoria, pocas veces he visto un desencuentro tan claro entre dos gobiernos como el ocurrido esta semana. El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo salió al paso el viernes para desmentir categóricamente las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien afirmó que Guatemala había suscrito un acuerdo de tercer país seguro para recibir solicitantes de asilo rechazados por EE.UU.

“No se firmó absolutamente nada en materia migratoria”, enfatizó Arévalo en una conferencia de prensa que recordé por su tono firme pero mesurado, característico de su estilo diplomático. Sin mencionar directamente a Noem, el mandatario aclaró que su país opera bajo el convenio establecido en febrero con el secretario de Estado Marco Rubio, que permite el tránsito temporal de centroamericanos en su retorno a sus naciones de origen.

Este episodio me trae a la memoria los vaivenes de la diplomacia migratoria durante el gobierno de Trump, cuando intentó imponer acuerdos similares. Noem, al concluir su gira centroamericana el jueves, celebró la firma de estos pactos con Honduras y Guatemala, alegando que ambos países prefirieron mantenerlos en reserva. Sin embargo, como bien señaló la Secretaría de Comunicación guatemalteca a la AP, solo se trató de una ratificación del canje de notas preexistente.

Arévalo, con la precisión de quien conoce cada cláusula, subrayó que los acuerdos vigentes no contemplan la figura de tercer país seguro, sino el “Canje de Notas” para garantizar un retorno digno. “Nuestro marco jurídico, basado en la Constitución, nos permite acoger a connacionales centroamericanos reconociendo su derecho de origen”, explicó. Esta postura refleja lo que he aprendido tras años reportando en la región: Guatemala busca equilibrar sus obligaciones internacionales con la protección de su soberanía.

El aspecto más conmovedor del anuncio fue el compromiso con los nicaragüenses perseguidos, a quienes se les otorgará asilo por “solidaridad“. No es la primera vez que Guatemala da esta muestra de humanidad: en 2024 acogió a 135 presos políticos de Ortega, incluidos defensores de derechos humanos. Como testigo de esos esfuerzos, puedo afirmar que estos gestos trascienden la política.

El plan para menores deportados, a cargo del Procurador Julio Saavedra, demuestra una lección clave que he visto en crisis migratorias anteriores: sin mecanismos concretos de reintegración, el ciclo se repite. Con más de 3,000 casos atendidos en 2023 y otros 423 este año, el programa —que incluye asistencia legal, reunificación familiar e inclusión educativa— podría convertirse en un modelo regional. “Es nuestra obligación moral“, dijo Arévalo. En este oficio, he aprendido que cuando los líderes hablan así, suelen estar del lado correcto de la historia.