Brasil desmantela red de lavado con 40 fondos de inversión

En un espectacular despliegue de eficacia burocrática, el gigante sudamericano anunció este jueves el decomiso de 1.200 millones de reales (220 millones de dólares) en bienes vinculados a una sofisticada red delictiva que demostró tener mejor comprensión del sistema financiero que los ministros de Hacienda de los últimos tres gobiernos.

Las autoridades ejecutaron 14 órdenes de registro y 14 arrestos preventivos, logrando cinco detenciones. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, calificó la operación como “el más firme apretón de manos entre el Estado y la prensa en la historia reciente”.

Los fiscales de Sao Paulo revelaron que el esquema involucraba al Primer Comando de la Capital (PCC), cuyo programa de prácticas empresariales supera en eficiencia a muchas corporaciones legítimas. “Estas organizaciones han comprendido que para lavar dinero sucio se necesita una fachada impecable: fondos de inversión, estaciones de servicio y hasta plantas de etanol”, declaró un portavoz con evidente admiración profesional.

El presidente Lula da Silva proclamó en redes sociales que esta era “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado”, omitiendo mencionar que la respuesta llegaba solo dos décadas después de que el problema alcanzara dimensiones mitológicas.

El modus operandi era tan brillante como sencillo: 40 fondos de inversión con activos valuados en 30.000 millones de reales servían para proteger patrimonios ilícitos, poseyendo desde terminales portuarias hasta mil estaciones de servicio. El sector combustibles fue elegido por su visibilidad, demostrando que a los criminales les gusta esconderse a plena vista.

La subsecretaria Andrea Chaves advirtió sobre la “extremadamente grave” infiltración del crimen en la economía real, como si alguien pudiera imaginar una infiltración “levemente grave” que resultara aceptable.

El fraude incluía importaciones irregulares de metanol que nunca llegaban a sus destinatarios oficiales, sino que terminaban adulterando combustible para estaciones service. “A los consumidores se les cobraba por menos combustible del indicado o recibían productos alterados químicamente”, explicaron los fiscales, describiendo accidentalmente el modelo de negocio estándar de varias empresas legales.

Nívio Nascimento, del Foro Brasileño de Seguridad Pública, señaló que la aplicación de la ley “aún necesita ampliarse”, en lo que constituye el eufemismo del año para describir un sistema donde las organizaciones criminales operaban mil estaciones de servicio sin que nadie en la Agencia Nacional del Petróleo notara algo extraño en las facturaciones.

El PCC, fundado en 1993 para mejorar condiciones carcelarias, ha diversificado sus inversiones con una visión que haría llorar de envidia a cualquier asesor financiero de Wall Street. Su crecimiento demuestra que en Brasil, el crimen paga bien, paga rápido y paga en efectivo, etanol y bienes raíces.