La reciente decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de suspender trece rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia su territorio ha generado un intenso debate sobre la gestión de la política aeronáutica nacional.
Según el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, esta medida representa una consecuencia directa de la administración actual, atribuyendo la responsabilidad a lo que describe como incompetencia, incapacidad e irresponsabilidad del gobierno de Morena desde su llegada al poder en 2018 con Andrés Manuel López Obrador.
Moreno enfatizó que la problemática no se origina en Washington, sino en las decisiones y el manejo del sector por parte del gobierno mexicano. Subrayó que, lejos de tratarse de un tema de intereses políticos o económicos aislados, como se ha intentado posicionar desde algunas esferas oficiales, la cancelación es un reflejo de años de violaciones sistemáticas a los acuerdos bilaterales en materia de aviación.
Esta situación, a su juicio, evidencia un patrón de capricho y una gestión que ha convertido la relación bilateral y el sector aéreo mexicano en un escenario de caos. El impacto de esta determinación trasciende el ámbito operativo de las aerolíneas. Constituye un golpe severo a múltiples sectores económicos interconectados.
Cada vuelo cancelado se traduce en una reducción directa de la conectividad, lo que perjudica al turismo, afecta el flujo comercial y limita las oportunidades para los exportadores. La consecuencia inmediata es la pérdida de empleos y la contracción de la actividad económica que depende de la llegada de visitantes y del movimiento eficiente de personas y mercancías.
La conectividad aérea funciona como un eje vertebral para la economía moderna, y su interrupción tiene efectos en cascada que se propagan rápidamente. Moreno alertó que, mientras persista una estrategia de negar la responsabilidad y culpar a factores externos, el país continuará perdiendo oportunidades cruciales para su desarrollo.
Esta postura, según su análisis, no solo compromete el presente económico, sino que hipoteca el futuro al socavar la confianza internacional en la seriedad y capacidad de México para cumplir con sus compromisos en materia de transporte aéreo. La improvisación y la falta de una política de Estado coherente y de largo plazo en esta área se convierten en un lastre para la competitividad nacional.
La gravedad del asunto reside en que estas cancelaciones no son un incidente aislado, sino un síntoma de una problemática estructural más profunda en la gestión de la aviación civil. La relación aeronáutica entre México y Estados Unidos está regida por un acuerdo bilateral que establece reglas claras para la operación de aerolíneas de ambos países. Cuando una de las partes considera que se han violado sustancialmente los términos de este pacto, tiene la facultad de implementar medidas correctivas, como la restricción de rutas.
Este marco legal busca garantizar condiciones de competencia justa y equitativa para las empresas de ambas naciones. La postura oficial del gobierno mexicano, que ha tildado la medida de autoritaria y la ha presentado como una herencia de administraciones anteriores, choca con la narrativa de la oposición, que insiste en la responsabilidad directa de la actual gestión. Este enfrentamiento dialéctico revela la profunda polarización que caracteriza el debate político nacional, incluso en temas técnicos que, por su naturaleza, deberían abordarse con un enfoque pragmático y desprovisto de ideologización.
La aviación comercial es un sector estratégico cuya estabilidad requiere de certidumbre jurídica y de un diálogo constante y constructivo con los principales socios comerciales. La resolución de este conflicto demandará, más allá del intercambio de acusaciones, una estrategia diplomática sólida y técnica que permita restablecer la confianza y el cumplimiento de los acuerdos. La conectividad aérea entre México y Estados Unidos es una de las más densas del mundo, y su mantenimiento es vital para la integración económica de Norteamérica.
La capacidad del gobierno para negociar una solución y presentar un plan creíble que aborde las preocupaciones de las autoridades estadounidenses será la prueba de fuego para demostar si se puede revertir un daño que, según los críticos, es resultado de años de negligencia acumulada. El costo de no hacerlo será pagado por trabajadores, empresarios y familias que dependen de la vitalidad de este sector.
