Colombia desmiente acuerdo militar en su frontera con Venezuela

La compleja diplomacia en la frontera: una mirada desde la experiencia

En mis años analizando la dinámica fronteriza entre Colombia y Venezuela, he aprendido que las declaraciones públicas suelen generar más calor que luz. La reciente negativa del gobierno colombiano sobre un supuesto acuerdo militar con Venezuela me trae a la memoria otros momentos de tensión donde la desinformación jugó un papel protagónico.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue categórico ante el Congreso: “Aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de operación conjunta militar”. Esta claridad es necesaria, pues he visto cómo malentendidos diplomáticos pueden escalar rápidamente en contextos de alta sensibilidad geopolítica.

La experiencia me ha enseñado que cuando Estados Unidos despliega buques de guerra en la región, como ha ocurrido recientemente, la retórica se calienta por todos lados. La orden de Maduro de activar a más de 4,5 millones de milicianos responde a un patrón que hemos visto antes: medidas de demostración de fuerza que buscan disuadir antes que combatir.

El presidente Gustavo Petro, cuyo giro en la política exterior colombiana estoy siguiendo con interés profesional, ha sido claro en sus posturas: apoya a Venezuela y considera cualquier operación militar sin aprobación regional como una agresión. Desde mi perspectiva, esta posición refleja un cambio paradigmático en la tradicional alineación colombiana con Washington.

He trabajado suficiente tiempo en temas fronterizos para reconocer cuando las palabras importan más que los documentos. La diferencia semántica entre “unir ejércitos” y “articularlos” contra el narcotráfico no es trivial. En la práctica, la cooperación táctica contra el narcotráfico es muy diferente a una fusión operativa, que requeriría cambios constitucionales profundos en ambos países.

El congresista Jaime Rodríguez Contreras tiene razón al señalar que las declaraciones presidenciales han confundido a la opinión pública. He visto cómo este tipo de confusiones pueden retrasar por años los avances en cooperación binacional, pues generan desconfianza en sectores políticos clave.

La zona económica binacional propuesta entre Táchira y Norte de Santander recuerda esfuerzos anteriores de integración que conocí de primera mano. El viceministro de Comercio Exterior acierta al clarificar que el memorando de entendimiento es una “manifestación de voluntad” no vinculante. En la práctica, estos instrumentos son el primer paso de un largo proceso que rara vez llega a su implementación completa.

La lección que puedo compartir después de décadas observando esta relación bilateral es que los avances reales ocurren lejos de los titulares, en mesas técnicas donde funcionarios de ambos países trabajan pacientemente en detalles operativos. La soberanía no se cede en discursos, pero sí puede erosionarse con la falta de claridad en la comunicación pública.

El verdadero desafio, como he comprobado repetidamente, será transformar estas declaraciones de intención en mecanismos concretos que beneficien a las comunidades fronterizas, tradicionalmente marginadas de los beneficios de la cooperación binacional.