La nueva arma legal contra las noticias falsas: ¿protección democrática o censura institucionalizada?
SEÚL — Bajo la premisa de defender la democracia de la desinformación, la Asamblea Nacional de Corea del Sur, controlada por el Partido Demócrata progresista, ha cruzado una línea que periodistas y defensores de las libertades civiles consideran peligrosa. Este miércoles, desestimando un clamoroso debate y un filibusterismo de 24 horas, se aprobó un proyecto de ley que habilita sanciones draconianas contra medios tradicionales y plataformas digitales por difundir “información falsa o fabricada”. La pregunta que flota en el aire de Seúl es incómoda y directa: ¿Es este el instrumento definitivo para purgar las redes de bulos, o el mecanismo perfecto para acallar voces críticas?
La investigación revela que el texto legislativo, impulsado por el partido del presidente Lee Jae Myung, permite a los tribunales imponer daños punitivos de hasta cinco veces el perjuicio demostrado. Además, faculta al regulador estatal de medios a multar con sumas que alcanzan los 1.000 millones de wones (684.000 dólares) por reincidencia. Los defensores de la norma, como el portavoz Park Soo-hyun, insisten en que solo se perseguirá la difusión “maliciosa y deliberada” con ánimo de lucro o daño, eximiendo la sátira, la parodia y la crítica legítima. Pero, ¿dónde traza la ley el límite entre el error periodístico y la falsedad malintencionada? La legisladora opositora Choi Soo-jin advirtió durante el maratón parlamentario que la redacción es tan vaga que podría aplicarse a “errores menores o afirmaciones generales”.
Un poder de remoción entregado a manos privadas
Al profundizar en las capas del documento, surge un hallazgo inquietante que conecta puntos aparentemente inconexos: la legislación no solo empodera al estado, sino que también otorga a empresas tecnológicas privadas, como la propietaria de YouTube, amplias facultades para eliminar contenido y bloquear cuentas. Organizaciones como la Solidaridad Popular para la Democracia Participativa ya han alertado que esto crea un sistema híbrido de censura, donde el arbitrio estatal se delega en actores corporativos opacos, resultando en la “supresión generalizada de la expresión controvertida”.
El contexto es crucial para entender la urgencia legislativa. Este medio ha reconstruido, a través de testimonios y análisis de contenido, el turbulento entorno informativo que siguió a la breve declaración de ley marcial del expresidente conservador Yoon Suk Yeol. Desde su encarcelamiento, teorías infundadas de fraude electoral han circulado profusamente en plataformas de video, alimentando la polarización. Los demócratas argumentan que la ley es una respuesta necesaria a esta crisis. Sin embargo, expertos consultados, como el profesor de derecho Han Sang-hie de la Universidad Konkuk, plantean un escepticismo saludable: “No es ideal que el país esté recurriendo principalmente al castigo”.
El veto presidencial: la última barrera
La narrativa oficial choca frontalmente con el testimonio unánime de los gremios periodísticos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de los Medios, en una declaración conjunta, ha instado al gobierno a reafirmar que la ley solo apuntará a una “pequeña porción” de contenido y a definir con extrema precisión su alcance en la reglamentación. Su temor es palpable: se presentarán “demandas indiscriminadas” sobre expresiones que el poder considere desfavorables, presionando a las redacciones a evitar temas espinosos.
La conclusión de esta investigación es clara: más allá de la retórica sobre la protección democrática, la ley surcoreana establece un precedente peligroso. Convierte la veracidad en un delito sancionable económicamente y delega la vigilancia en un entramado de jueces y algoritmos privados. Aunque su impacto inmediato pueda recaer en youtubers sensacionalistas, la amenaza latente sobre el periodismo de investigación y la crítica al poder es real e inminente. La pelota está ahora en el tejado del presidente Lee. Su decisión de promulgar o vetar esta ley definirá si Corea del Sur fortalece su democracia vigilando la información, o si, en un giro paradójico, la debilita vigilando a quienes la informan.
