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Internacional

Corte Suprema avala despidos masivos en el Departamento de Educación

La máxima corte allana el camino para una reestructuración radical del sistema educativo federal.

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La Corte Suprema en Washington, el 17 de diciembre de 2024.

WASHINGTON, DC. — En una decisión que redefine los límites del poder ejecutivo, la Corte Suprema ha habilitado al expresidente Donald Trump para reactivar su polémico plan de reestructuración del Departamento de Educación, incluyendo la eliminación de 1,400 puestos federales.

Con un fallo dividido (6-3), los magistrados suspendieron una medida cautelar emitida por el juez Myong Joun de Boston, quien advertía que los recortes “paralizarían irreversiblemente” la institución. Esta decisión marca un hito en la batalla legal entre la Casa Blanca y los tribunales inferiores, que habían bloqueado previamente la iniciativa por considerarla anticonstitucional.

La jueza Sonia Sotomayor lideró la disidencia, argumentando en un contundente voto particular: “Cuando el gobierno presume de violar la ley, nuestro deber es frenarlo, no facilitarlo”. Su postura fue respaldada por las magistradas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.

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Este fallo consolida una serie de victorias judiciales para la agenda de Trump, que incluyen:

  • Reducción del 30% en subsidios para formación docente
  • Congelamiento de $4.5 mil millones en programas extracurriculares
  • Automatización de procesos administrativos mediante IA

Mientras 21 estados presentan demandas coordinadas, los empleados afectados —en licencia remunerada desde marzo— enfrentan ahora un futuro incierto. Documentos internos filtrados revelan que el Departamento ya evaluaba alternativas laborales para el personal, solicitando datos sobre su situación empleabilidad mediante cuestionarios digitales.

Expertos en derecho administrativo advierten que este precedente podría permitir futuras reestructuraciones ejecutivas sin supervisión legislativa, especialmente en áreas sensibles como educación especial y protección civil. La secretaria Linda McMahon defendió la medida como “un paso necesario hacia la eficiencia gubernamental”.

El caso continúa su curso judicial, con audiencias programadas para revisar el impacto en programas clave como becas Pell y cumplimiento de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA).

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