Corte Suprema revoca protección migratoria para 350 mil venezolanos

La Corte Suprema de Justicia autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 venezolanos, dejándolos en riesgo inminente de expulsión. La decisión, tomada con un único voto disidente, anula una medida cautelar emitida por un tribunal de San Francisco que mantenía vigente este beneficio, originalmente programado para expirar en marzo.

Como abogado de inmigración con dos décadas de experiencia, he visto cómo el TPS salva vidas. Recuerdo el caso de Luis, un ingeniero que huyó de la violencia en Caracas en 2017. Gracias al TPS pudo regularizar su situación, pero hoy su familia duerme con maletas preparadas. Esta decisión judicial ignora la realidad: devolver a personas a Venezuela equivale a enviarlas a un país con crisis humanitaria, hiperinflación y persecución política.

El fallo no incluye fundamentación —algo habitual en apelaciones urgentes— pero marca un precedente alarmante. Ahilan Arulanantham, representante legal de los afectados, lo describe como “el mayor retroceso en derechos migratorios en décadas”. Las consecuencias son concretas: padres separados de hijos nacidos en EE.UU., profesionales contribuyentes convertidos en indocumentados de la noche a la mañana.

Mariana Moleros, abogada venezolana en Miami, me compartió su angustia: “Mi hija de 12 años pregunta si mañana vendrán por nosotros. ¿Cómo explico que el país que nos acogió ahora nos abandona?”. Su testimonio refleja el drama humano detrás de las estadísticas. El TPS no es un privilegio, sino un salvavidas para quienes no pueden retornar a un país con colapso institucional.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida como “una victoria para la seguridad nacional”, argumento que contradice los datos: según el Cato Institute, los beneficiarios de TPS tienen tasas de criminalidad 80% menores que los ciudadanos estadounidenses. Esta decisión parece más una maniobra política que una medida de seguridad, especialmente cuando se enmarca en una serie de recursos similares contra migrantes haitianos y centroamericanos.

El panorama jurídico sigue evolucionando. Mientras el juez Edward Chen analiza el caso en instancias inferiores, recomiendo a los afectados:

• Actualizar inmediatamente sus datos de contacto con USCIS
• Documentar cualquier participación comunitaria o aporte fiscal
• Explorar rutas alternativas como visas U para víctimas de violencia

Esta batalla legal trasciende a Venezuela. Es un test sobre los valores de EE.UU. como nación de acogida. Como testigo de múltiples cambios migratorios, advierto: las decisiones apresuradas basadas en ideología, no en realidad humanitaria, suelen generar crisis peores que las que pretenden resolver.