El Gobierno de Cuba ha emitido un comunicado oficial este sábado en el que exige la liberación inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. La demanda se produce tras la captura de ambos en un operativo en Caracas, acción que La Habana atribuye de forma directa a Estados Unidos. Las autoridades cubanas responsabilizan a Washington no solo por el hecho en sí, sino también por las muertes y los daños humanos y materiales que, aseguran, ya se han registrado y podrían incrementarse como consecuencia de esta intervención.
Desde la capital cubana se advierte que las repercusiones completas de este operativo aún están por dimensionarse. El texto oficial, difundido por la Cancillería, señala que “las consecuencias de este acto irresponsable están por verse”, calificando la acción estadounidense como una agresión con efectos imprevisibles para la estabilidad de toda la región.
Este posicionamiento subraya la gravedad con la que Cuba interpreta los acontecimientos, situándolos como un punto de inflexión potencial en la geopolítica del continente. La declaración asigna una “responsabilidad absoluta” por los hechos y sus derivaciones al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio.
Además, el documento hace una mención explícita a lo que describe como sectores políticos “agresivos y enemigos de América Latina y el Caribe”, sugiriendo que estos grupos ejercen una influencia decisiva en la formulación de la política exterior estadounidense hacia la región.
Esta ampliación del foco de responsabilidad indica una lectura del evento no como un incidente aislado, sino como parte de una estrategia más amplia. Cuba caracteriza la operación como una “descarnada agresión imperialista y fascista”, cuyo objetivo último, según su análisis, es lograr “el acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región”. Este lenguaje refleja la narrativa histórica de resistencia a la injerencia extranjera que ha definido la política exterior cubana durante décadas.
La isla hace un llamado a la comunidad internacional para que actúe y evite que “permanezca impune una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado Miembro de la ONU”, apelando así al marco del derecho internacional y a los principios de soberanía nacional. El compromiso expresado por Cuba con Venezuela es categórico y emplea una retórica de máxima solidaridad.
La declaración afirma que Venezuela “es un país pacífico, que no ha agredido a Estados Unidos, ni a nación alguna”, y culmina con una promesa de apoyo inquebrantable: “Por esa nación hermana y por su pueblo, estamos dispuestos a dar, como por Cuba, hasta nuestra propia sangre”. Este nivel de compromiso verbal refuerza la profundidad de la alianza estratégica entre ambos gobiernos, que trasciende la diplomacia convencional y se enmarca en una visión compartida de bloqueo a lo que perciben como hegemonía estadounidense.
Como aliado histórico de Venezuela, el Gobierno cubano extiende su advertencia más allá de las fronteras venezolanas. Alertó que “todas las naciones de la región han de estar alertas, pues la amenaza pende sobre todas”, insinuando que la acción contra Maduro establece un precedente peligroso que podría aplicarse a otros países.
La declaración concluye reafirmando la postura doméstica: “En Cuba, nuestra determinación de luchar es firme e inclaudicable”. Este mensaje tiene un doble destinatario: la comunidad internacional y la propia población cubana, a la que busca movilizar en torno a una narrativa de defensa nacional y regional. Previamente, en un acto político masivo de apoyo a Venezuela, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ya había definido los hechos con términos aún más contundentes.
Los tachó de “acto de terrorismo” y “atropello a la norma internacional”, elevando la categorización de la operación a la esfera del crimen contra el orden global establecido. Esta sincronía entre el discurso público del mandatario y el comunicado oficial de la Cancillería demuestra una estrategia comunicacional unificada y enfocada en presentar una respuesta firme y sin ambigüedades.
La posición cubana, por lo tanto, no se limita a una condena diplomática rutinaria, sino que constituye una defensa integral de su aliado y una abierta confrontación dialéctica con la política de Estados Unidos, planteando el escenario para una nueva fase de tensión en las relaciones hemisféricas.
