Una demanda judicial federal revela prácticas severas en las deportaciones ejecutadas por Estados Unidos. Ciudadanos de diversas naciones africanas fueron sometidos a restricciones físicas extremas, incluyendo el uso de chalecos de fuerza durante un vuelo de 16 horas hacia Ghana, en una aeronave de carga militar. A los pasajeros, todos encadenados, solo se les proveyó de pan y agua como sustento.
La querella, presentada por abogados de Asian Americans Advancing Justice en representación de cinco migrantes, detalla que los individuos fueron despertados abruptamente en medio de la noche del 5 de septiembre y trasladados sin información sobre su destino final. Actualmente, se encuentran confinados en el “Dema Camp”, una instalación de detención al aire libre en Ghana, donde enfrentan condiciones precarias, con escasez de agua potable y resguardados en tiendas de campaña bajo la vigilancia de guardias armados.
El núcleo de la controversia legal radica en que estos migrantes, originarios de países como Nigeria y Gambia, están siendo enviados a naciones que jueces de inmigración estadounidenses habían previamente considerado demasiado peligrosas para su repatriación. Esta estrategia de deportación a terceros países, que incluye a naciones como El Salvador y Ruanda, es calificada por los demandantes como una maniobra para eludir las protecciones legales establecidas.
La demanda acusa al gobierno de Estados Unidos de reclutar al gobierno de Ghana para llevar a cabo una política de externalización fronteriza, desafiando abiertamente las decisiones judiciales y la ley migratoria del país. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han negado a emitir comentarios sobre las acusaciones.
Este caso se enmarca dentro del contexto más amplio de la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump, la cual intensificó las redadas y deportaciones, often targeting individuals from nations affected by sus políticas de comercio y ayuda. La legalidad de deportar personas a países con los que no tienen vínculos está siendo cuestionada frontalmente por organizaciones de defensa de los derechos humanos, marcando un nuevo capítulo en la batalla legal por los derechos de los solicitantes de asilo.
Los cinco demandantes, identificados solo por sus iniciales para proteger su seguridad, enfrentan un riesgo inminente de ser trasladados a sus países de origen, donde alegan tener un fundado temor de persecución. Uno de ellos, ya enviado a Gambia, se encuentra actualmente en la clandestinidad.
