Disney suspende a empleados venezolanos tras cambio en estatus migratorio

En un giro que refleja la volatilidad de las políticas migratorias estadounidenses, casi 50 empleados venezolanos de Disney World enfrentan suspensiones tras la decisión de la Corte Suprema que revocó su Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida, impulsada durante la administración Trump, no solo desestabiliza vidas laborales, sino que expone las grietas de un sistema que trata a los migrantes como piezas intercambiables.

Disney, atrapada entre el cumplimiento legal y la responsabilidad social, optó por suspender —no despedir— a estos trabajadores, garantizando sus beneficios mientras resuelven su situación migratoria. ¿Es esto un acto de precaución corporativa o un modelo ético que otras empresas deberían imitar? La respuesta divide aguas: mientras los sindicatos reconocen el dilema legal, los afectados describen el miedo de perder lo construido tras huir de la crisis venezolana.

Tras bambalinas, el caso revela una ironía disruptiva: estos empleados representan hasta el 20% de la fuerza laboral de Disney World en Florida, contribuyendo a la magia que millones consumen. ¿Cómo equilibrar la ley con el capital humano que sostiene industrias enteras? La solución creativa podría estar en redefinir las protecciones laborales como derechos universales, no atados a fronteras. Imaginen un “visado de contribución económica”, donde el empleador certifique el valor del trabajador para evitar deportaciones arbitrarias.

El fallo judicial, sin explicación alguna, evidencia cómo el sistema migratorio estadounidense opera como un péndulo político. Mientras tanto, historias como la de una cocinera anónima —amenazada en Venezuela por su activismo— ilustran el costo humano. Su permiso de trabajo, vinculado a un asilo en trámite, es ahora un hilo frágil. ¿No deberían las empresas multinacionales, con su influencia global, abogar por reformas que protejan a sus equipos transnacionales?

Este caso no es solo sobre Disney o Venezuela; es un llamado a repensar la movilidad laboral en la era de la hiperglobalización. Si las corporaciones pueden operar sin fronteras, ¿por qué no los trabajadores que las hacen posibles? La innovación radical aquí sería convertir a empleadores en garantes de estatus migratorios, creando un nuevo contrato social donde el talento —no el pasaporte— defina las oportunidades.

Mientras 350,000 venezolanos en EE.UU. enfrentan deportación, la pregunta queda flotando: ¿es la ley un instrumento de orden o de exclusión? La respuesta determinará si el futuro del trabajo será inclusivo o seguirá anclado en nacionalismos obsoletos.