La maquinaria del Tren Maya se detuvo este domingo en Yucatán. No fue por fallas técnicas, sino por la firmeza de un grupo de ejidatarios de Sierra Papacal que decidieron poner un alto. Su reclamo es directo: alegan que el megaproyecto busca quitarles sus tierras para el tramo hacia Progreso, y nadie ha venido a hablar, ni a ofrecer una compensación.
Pero aquí la historia se pone más turbia. Al investigar, surge un patrón que va más allá de una simple disputa por terrenos. Los comuneros no solo protestan contra el gobierno federal o Fonatur. Apuntan sus acusaciones hacia adentro, hacia sus propias autoridades ejidales.
Denuncian que el comisario, Gilberto Pech Tho, mantiene “secuestrado” el edificio donde deberían reunirse. Sobre él pesan acusaciones graves: complicidad en la entrega irregular de tierras para el tren. La asamblea, dicen, ahora se hace en la calle.
Y aparece otro nombre: Juvencio Valdez, asesor jurídico del ejido. Los ejidatarios lo señalan como cabecilla de una red que habría extorsionado a más de 200 personas. La promesa era gestionar pagos por sus tierras; la realidad, según ellos, fue quedarse con más de cien mil pesos por cabeza sin entregar nada a cambio.
“Ninguna autoridad se ha acercado para dialogar o plantear una indemnización”, aseguran los afectados.
Ante el silencio oficial y lo que perciben como traición interna, su acción fue contundente: paralizar las obras. Y advierten: si no hay respuestas, podrían cerrar la carretera estatal hacia Chuburná Puerto.
Lo que empezó como una protesta por un proyecto nacional revela capas profundas de un problema local enquistado: presunta corrupción en la representación ejidal, desconfianza total en las instituciones y la sensación de un despojo inminente. El Tren Maya avanza, pero su paso por Yucatán ya está marcado por esta grieta social y las sombras de una investigación pendiente.
