El caso de Kilmar Ábrego García y el riesgo de una nueva deportación

WASHINGTON, D.C.—Kilmar Ábrego García, cuyo nombre se volvió emblemático durante la política migratoria de Donald Trump tras su deportación errónea a El Salvador, ha regresado a Estados Unidos. Sin embargo, su situación sigue siendo precaria: actualmente enfrenta cargos federales por tráfico de personas y permanece detenido en Tennessee mientras espera su juicio.

Sus defensores han solicitado su liberación bajo condiciones, una medida que incluso una jueza federal respaldó. Sin embargo, en un giro inesperado, el mismo equipo legal pidió este viernes postergar su salida de prisión. ¿La razón? Temen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intente deportarlo antes de que el caso llegue a tribunales. La magistrada aún no responde a esta solicitud, que los abogados calificaron de “irónica pero necesaria”.

Las contradicciones del gobierno federal han añadido más incertidumbre al caso. Mientras el portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, aseguró que Ábrego García “no volverá a caminar libre en nuestro país”, otro abogado del mismo organismo admitió en Maryland que existe un plan de deportación, aunque sin fecha concreta. Estas declaraciones enfrentadas avivaron las sospechas de que ICE actuará con premura.

El origen de los cargos se remonta a una parada de tráfico en 2022, cuando Ábrego García fue detenido en Tennessee por exceso de velocidad. En el vehículo viajaban nueve personas sin equipaje, lo que levantó sospechas de tráfico ilegal. Las cámaras corporales de los agentes captaron conversaciones donde se mencionaba un sobre con 1.400 dólares, reforzando la acusación de que operaba una red de transporte de migrantes indocumentados, incluidos menores y presuntos pandilleros.

Este caso refleja las complejidades del sistema migratorio estadounidense, donde las batallas legales y las decisiones políticas a menudo chocan. Como experto en derecho migratorio, he visto cómo casos como este exponen las grietas entre la justicia penal y las deportaciones expeditas. La lección es clara: sin transparencia institucional, incluso las resoluciones judiciales pueden quedar en suspenso ante la sombra de una orden de ICE.